Azul
La pieza clave para esclarecer el crimen en Azul: un hombre que cenó empanadas con Eduardo Bustos en su casa
Los investigadores están convencidos que ese sujeto, que continúa siendo buscado intensamente sobre la base de diferentes pistas, fue quien mató de un disparo en la cabeza a la víctima, utilizando un arma calibre 22. Los motivos de este homicidio todavía se tratan de determinar con certeza.
Las últimas horas con vida de Antonio Eduardo Bustos (55 años), el martillero asesinado de un disparo en la cabeza y cuyo cadáver fue hallado en su casa el pasado sábado por la noche, se remontan a un día antes. El viernes pasado, también en horas de la noche, fue observado cuando ingresó a comprar unas empanadas a un comercio que está en cercanías de la Escuela Normal, sobre la calle Roca. Se sabe también que cuando regresó a su casa proveniente de ese local cenó con alguien a quien conocía.
Ese sujeto comió con él las empanadas que el martillero había comprado un rato antes y después -como postre- ambos tomaron helado que Bustos ya tenía en su vivienda.
Posteriormente, por motivos que hasta el momento se ignoran, ese mismo hombre habría sido el encargado de matarlo con un arma de fuego calibre 22, tras efectuarle un disparo desde una corta distancia que impactó en el costado derecho de la cabeza del martillero.
Pero recién cuando habían pasado unos minutos de la hora 23 de este sábado pasado se supo la noticia de que Bustos estaba muerto en la cocina de ese inmueble donde vivía solo y está situado sobre las calles Rauch entre Belgrano e Yrigoyen. El mismo lugar donde también poseía la inmobiliaria en la que, desde hacía varios años, ejercía su labor profesional como martillero.
Tal lo informado por EL TIEMPO, para cuando el cadáver fue hallado no se estableció de inmediato que se estaba en presencia de un crimen. Esa situación recién quedó finalmente develada poco antes del mediodía del domingo pasado, con el resultado de la autopsia al cuerpo del hombre, que tenía 55 años de edad al momento de su traumático deceso.
En el marco de la investigación penal iniciada, a través de una causa que está radicada en la UFI 13 a cargo de Adrián Peiretti, ese fiscal y Mariela Viceconte -funcionaria judicial en turno durante la Feria de Verano- están trabajando juntos con la Policía para dar con el autor del crimen del martillero, cuya identidad aún se procura establecer, al igual que su paradero.
La novedad más saliente en torno a este asesinato data de las primeras horas del lunes último, cuando la camioneta propiedad de la víctima -una Chevrolet S10 de color oscuro- fue encontrada abandonada en la vía pública.
Con la investigación penal ahora en cabeza de la DDI Azul, voceros policiales señalaron a EL TIEMPO que el rodado fue hallado en la calle Olavarría, en cercanías al cruce con Leyría. La S10 estaba con sus puertas cerradas cuando pudo ser localizada. Y al ser revisado su interior no se encontró elemento alguno considerado de interés para el pulso de esta pesquisa.
Tras realizarse pericias a ese rodado, posteriormente fue entregado a los familiares del martillero asesinado, según se consignó también. Precisamente un sobrino suyo -que es policía de la Bonaerense y trabaja en la Seccional Primera local- había hallado muerto a Bustos el sábado último en el interior de esa casa donde el martillero vivía solo, aledaña a las oficinas comerciales de “Bustos Propiedades”.
Desde la mañana del sábado último no se tenían noticias del martillero, a pesar de varios llamados y mensajes que familiares y allegados suyos le hicieron llegar a su teléfono móvil.
Fue así que un sobrino de la víctima de este crimen, enviado por otros familiares, concurrió a su domicilio el sábado pasado cuando era alrededor de la hora 23. Y como no observó movimiento alguno, después convocó a un empleado de la inmobiliaria que también Bustos tenía en su propiedad para que trajera las llaves con las cuales poder ingresar a la casa.
En esas circunstancias fue que, tal lo ya informado por EL TIEMPO, encontraron el cadáver de la víctima de este crimen en el piso de la cocina, por lo que a la vivienda fueron convocados personal médico y efectivos policiales.
Después se sabría que Eduardo Antonio Bustos presentaba en su cuerpo diferentes evidencias que -autopsia mediante realizada el domingo por la mañana en la morgue de la Policía Científica de Azul- servirían para determinar que había sido asesinado de un disparo en la cabeza.
Durante la necropsia pudo observarse que el balazo que recibió impactó en la zona fronto parietal derecha, a la altura de la sien. Y que el plomo de esa bala aún lo tenía alojado en su cráneo, lo cual sirvió también para que los investigadores concluyeran que al martillero lo ejecutaron de un balazo con un arma de fuego calibre 22 de la que, al menos hasta el momento, nada se sabe con relación a dónde puede estar.
La hipótesis más fuerte al respecto está más que clara: se la llevó el autor de este asesinato. El mismo sujeto que, además, antes de irse de la casa de la víctima se llevó también el disco rígido donde quedaban almacenados los registros de las cámaras de seguridad que Bustos tenía instaladas en su inmueble. Y lo mismo hizo con su teléfono celular y las llaves de la propiedad, cuya puerta dejó cerrada, al mismo tiempo que la casa quedaba con la alarma activada.
Todo aquello ocurrió en la previa a que el probable homicida se subiera a la camioneta del martillero para darse a la fuga y para que todavía -más allá de que la Chevrolet S10 pudo ser encontrada- su paradero continúe siendo una incógnita. Precisamente, dar con ese sujeto sería abrir la puerta que conduce al esclarecimiento de este asesinato.
Pero lo único que se sabe de ese hombre -de lo poco que trasciende en torno a esta investigación, cuyos pasos se van dando en el marco de un estricto hermetismo- es que se trata del mismo sujeto que cenó con el martillero en su casa y después lo habría matado.
Un vocero ligado a esta pesquisa, que dio cuenta del hallazgo de la camioneta, le dijo también a este Diario: “Se está haciendo una investigación profunda con las cámaras de seguridad. Por lo menos con las privadas, porque lamentablemente las del Municipio no están funcionando todas. Hay más datos, pero por el momento no se pueden aportar porque son parte de las líneas de investigación que se están siguiendo y en esta instancia no es conveniente darlos a conocer”.
La misma fuente reconoció que a Bustos lo mató un hombre “que estuvo cenando con él en su casa”.
“Pero por el momento -aclaró- el motivo del homicidio no se sabe con certeza. En la casa de la víctima había evidencias de que ambos estuvieron comiendo. Esta persona después se llevó un CPU y el DVR de las cámaras de la casa del martillero”.
De las varias inspecciones realizadas en el inmueble pudo constatarse también que el dinero que Eduardo Antonio Bustos tenía, seguía estando en los interiores de dos cajas fuertes. Y tan sólo se observó el faltante en su casa de dos mochilas, probablemente para introducir allí -cuanto menos- el material de las cámaras de seguridad, la computadora personal del martillero y su celular.
Otro dato surgido de la autopsia revela que el martillero fue asesinado entre la medianoche del viernes y alrededor de la hora tres y media del pasado sábado, según lo informado a EL TIEMPO.
Al confirmarse que Bustos fue asesinado, el domingo por la tarde la casa donde vivía y en la que horas antes había sido encontrado sin vida se convirtió nuevamente en escenario de diferentes diligencias encabezadas por los agentes de la Policía Científica, contando con la colaboración de efectivos de seguridad de más dependencias con asiento en Azul.
Bustos se domiciliaba en una propiedad ubicada sobre la calle Rauch, a pocos metros del cruce con Yrigoyen, en la cuadra también comprendida por Belgrano y donde está situada la inmobiliaria en la que desde hacía varios años desarrollaba su labor profesional como martillero.
Como se indicó, de acuerdo con lo consignado en un reporte policial en primera instancia, en la cocina de ese inmueble a Eduardo Bustos lo encontraron muerto un sobrino suyo y un amigo de ese joven, quienes inmediatamente se comunicaron con el teléfono de emergencias de la Policía para dar cuenta del hallazgo del cuerpo.
El cadáver yacía tirado en el piso de la cocina. Y a un costado de su cabeza se hallaron machas de sangre producto de ese disparo que recibió, según lo determinado a través de la autopsia realizada este domingo.
También pudo ser observado a simple vista que el cuerpo del martillero presentaba sangrado en su boca y la nariz. Y un golpe que fue asociado a su brusca caída al suelo tras recibir ese balazo en la sien, localizado en el costado derecho de su cabeza.
La causa penal que se inició había sido definida en un principio como “averiguación de causales de muerte”. Y después fue recaratulada a un “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.
El lunes, después del mediodía, el cuerpo de Eduardo Bustos fue sepultado en el cementerio privado “Jardín Azul”, en medio de muestras de profundo dolor entre quienes asistieron a su entierro. Concretamente, familiares, allegados y conocidos suyos que todavía no salen del profundo estupor que les causó enterarse de la noticia de su muerte sucedida en el marco de un crimen, al igual que ocurriera en Azul con otro martillero en enero de 2007: Miguel Ángel Prezioso.
Fuente: Diario El Tiempo
Azul
Prisión en suspenso para chillarense por un siniestro vial donde falleció su pareja
Un juez le dictó una pena de dos años y medio de ejecución condicional y lo inhabilitó durante cinco años para conducir. En julio de 2021, en jurisdicción de Benito Juárez, el encausado guiaba por la Ruta 3 un utilitario que se despistó y volcó. A causa de las heridas sufridas murió su novia y su hija biológica resultó con lesiones leves. En el mismo debate ese hombre fue condenado también por un caso de violencia familiar.
El responsable de un siniestro vial donde había fallecido quien era su pareja y resultó con lesiones su hija biológica fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitado de manera “especial” por cinco años “para conducir vehículos con motor”.
En el mismo debate ese hombre también fue declarado autor de un caso de violencia familiar, definido a escala penal como impedimento de contacto de hija menor de edad con madre no conviviente. Y por otro hecho de similares características, el Juez que intervino en este proceso se pronunció a favor de absolverlo.
Después de que el pasado 4 de noviembre se anunciara, a modo de adelanto, este veredicto condenatorio, días atrás se había realizado vía remota una audiencia de cesura donde las partes formularon los respectivos pedidos de pena para el encausado. Y este viernes que pasó se conocieron las sanciones dictadas por el magistrado Héctor Rodolfo Torrens desde el Juzgado Correccional 2. Tanto por el siniestro vial como por ese otro caso referido de violencia familiar.
Oriundo y actualmente radicado en Chillar, de ocupación comerciante y próximo a cumplir 59 años de edad, el sentenciado en esta instancia del juicio fue identificado como Jorge Javier Sequeira.
Considerando que la pena que recibió es de ejecución condicional, además el Juez del debate le impuso diferentes obligaciones que también debe cumplir durante dos años y medio.
De esa manera, el chillarense tiene que “fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados mediante presentaciones mensuales, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos”, se refiere en lo decidido.
Despiste y vuelco
La causa principal tratada en este juicio oral se tradujo en que Jorge Javier Sequeira fuera declarado autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo automotor y lesiones leves culposas, en concurso ideal.
Dicha calificación penal surgió de un siniestro vial que el encausado protagonizara sobre la Ruta Nacional número 3, en jurisdicción de Benito Juárez, el 21 de julio de 2021.
Alrededor de la hora 21 de aquel día, conduciendo un utilitario Citroën Berlingo, Sequeira regresaba a Chillar acompañado por su hija biológica -en aquel entonces de nueve años de edad- y por quien era su pareja y falleció a causa de lo sucedido: una mujer nacida en La Plata que en la vecina localidad mencionada perteneciente al Partido de Azul era propietaria de una panadería y se llamaba Griselda Verónica Tomchuc.
A la altura del kilómetro 392 de la Ruta 3 -se refiere en lo resuelto- el conductor del utilitario “realizó una maniobra imprudente que provocó que perdiera el dominio del mismo, continuando su recorrido por la banquina de manera lateralizada para posteriormente volcar”.
Esa “conducción imprudente y realizada sin el debido cuidado y prevención para conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo” derivó en que la hija de Sequeira y su pareja Tomchuc resultaran con lesiones por las que tuvieron que ser hospitalizadas.
Las heridas más graves las sufrió quien se convertiría en la víctima fatal de este siniestro de tránsito, cuyo deceso -a sus 51 años de edad- se produjo el 22 de julio de aquel año 2021, mientras permanecía internada en el Hospital “Eva Perón” de Benito Juárez.
A causa del vuelco, Sequeira había sufrido lesiones leves. Y lo mismo ocurrió con su hija, quien resultó con “laceraciones en espalda y hematoma en rodilla”, se describe en el fallo.
Analizando las evidencias incorporadas al juicio y los testimonios escuchados durante ese debate, el juez Correccional Torrens concluyó que el encausado, “mientras transitaba por la Ruta 3 en un tramo recto en horario nocturno, sin afectación climática de ninguna naturaleza, buena visibilidad y vía asfáltica en buen estado de transitabilidad, perdió el control del vehículo automotor que conducía, se desvió hacia la banquina de su carril de circulación, volcó la unidad y esta terminó con severos daños”, provocando de esa manera que su pareja después muriera y que su hija sufriera lesiones leves.
El dato
En representación de las partes intervinieron en el juicio oral el fiscal David Carballo y Jorge Edgardo Moroni. Este último abogado mencionado fue uno de los dos defensores particulares de Jorge Javier Sequeira durante las tramitaciones de esas causas penales que hace cinco días derivaron en que, por dos de esos sumarios, resultara condenado en este debate.
No le dejaba ver a su hija
En el mismo debate donde fue condenado por el siniestro vial en el que murió quien era su pareja y resultó lesionada su hija biológica, Jorge Javier Sequeira fue juzgado por dos hechos de violencia familiar.
Definidos en ambos casos como impedimento de contacto de hija menor de edad con madre no conviviente, sólo por uno de esos casos resultó también sentenciado a esa pena ya referida de dos años y medio de prisión en suspenso.
La madre biológica de la nena que resultara lesionada en el siniestro vial -una mujer radicada en Azul- figura como la damnificada por ese caso de violencia familiar por el que el juez Correccional Torrens también declaró autor al chillarense.
En el fallo se refiere que esa situación se remonta a lo sucedido entre los meses de abril y agosto de 2022.
En aquel entonces, estando vigente una intimación que al encausado le fuera dictada desde el Juzgado de Familia, tendiente a que su hija mantuviera encuentros con su mamá, el hombre incumplió esa manda judicial.
En esa época la nena vivía en Chillar con su padre, quien a través de dicho accionar evitó de manera deliberada que la madre biológica de la menor pudiera mantener un “vínculo fluido con la niña”.
En lo resuelto se señala que Sequeira lo hizo “al no arbitrar los medios necesarios para trasladar a la menor a la sede de la Delegación Municipal de Chillar para la realización de los encuentros establecidos regularmente por el Juzgado de Familia de Azul”, situación por la que había sido intimado el 6 de abril de 2022.
El Juez concluyó que el encausado, “al tener cabal conocimiento de la obligación impuesta judicialmente y desconocer la misma”, obró “por fuera de la legalidad” y obstruyó “el contacto de su hija menor de edad con la madre no conviviente”.
En el fallo se mencionó como una atenuante para Sequeira que hasta el momento no registra antecedentes penales computables. Y como agravantes, dando lugar a lo pretendido desde la Acusación, se tuvieron en cuenta para el encausado “la reiteración de hechos” a través de los cuales evitó de manera deliberada que la nena pudiera mantener contacto con su mamá, “la persistencia en su obrar” y la violencia que -en ese contexto mencionado- evidenciara contra la mujer que reclamaba ver a la hija que tuvo con él. Un hombre a quien también la madre biológica de la menor había denunciado en varias ocasiones por episodios de violencia de género.
Fuente: Diario El Tiempo de Azul
Azul
“No está en el proyecto actual de país la voluntad de garantizar el funcionamiento de la educación superior”
Así lo señaló Laura Giosa, decana de la Facultad de Derecho de Azul. “Nunca hemos pasado por una situación semejante”,dijo en una nota al diario El Tiempo de la vecina ciudad.
Tras la ratificación del veto total a la Ley de Financiamiento Universitario dispuesto por el presidente Javier Milei, docentes y no docentes de todo el país hicieron el viernes pasado un paro por 24 horas en rechazo a esa decisión.
En esta ciudad, la comunidad educativa de la Facultad de Derecho de la UNICEN se concentró el viernes al mediodía en la puerta del Centro de Investigación y Posgrado de esa casa de altos estudios, donde se llevó a cabo la lectura de diferentes documentos relacionados con el escenario planteado y también se realizó una clase pública.
Finalizada la propuesta, EL TIEMPO dialogó con Laura Giosa, decana de la Facultad de Derecho; Laura Graziano, en representación de los trabajadores no docentes; y Pablo Míguez, presidente del Centro de Estudiantes.
“Luchando para poder funcionar”
En la apertura de la charla, Laura Giosa destacó que “uno esperaba que los legisladores y las legisladoras estuvieran a la altura de las circunstancias y no acompañaran el veto del Presidente de la Nación, pero -como hemos visto también con la situación de los jubilados- hay sectores que, junto con el oficialismo, han decidido que la única política de Estado es el déficit cero y con eso arrastran la garantía de todos los derechos que están consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos”.
“La idea de la Ley de Financiamiento no sólo era saldar lo que está pasando en 2024 sino que también era un piso para discutir el 2025. Además se está presentando un proyecto de Presupuesto Nacional que tiene como base el presupuesto para las universidades de 2022, con una inflación que ha sido galopante a lo largo de estos años, más allá de que el presupuesto fue actualizado por el Ejecutivo en 2023 pero que no alcanzaba a cubrir lo necesario para el funcionamiento, y de los parches que se han puesto durante estos últimos meses”, aseveró la decana de la Facultad de Derecho de Azul, quien paso seguido agregó que “incluso estamos discutiendo un presupuesto para el año que viene que tiene una base mucho más baja de la que necesitamos para funcionar”.
De igual forma, Giosa explicó que, “generalmente, para la elaboración del presupuesto nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acompaña un posible proyecto. En ese marco, antes se esperaba el crecimiento de las universidades y en este caso se plantea el poder funcionar con los niveles adecuados para desarrollar todas las funciones de la universidad: investigación, transferencia, extensión y docencia de grado y posgrado”. “Creo que no vamos a llegar ni a eso. Por ese motivo es que el 2025 nos va a encontrar de nuevo en la calle luchando para poder funcionar”, subrayó.
“Tenemos auditorías internas y externas”
Por otro lado, Laura Giosa hizo hincapié en que tanto en la discusión planteada en el Congreso como en las redes sociales, “hemos visto una serie de posverdades -fake news- por ejemplo en lo que dicen sobre la cantidad alumnos fantasmas, lo cual no es cierto, porque están todos registrados y el Gobierno tiene esos datos”.
Además, aclaró la decana de la Facultad de Derecho de Azul, “dicen que no somos auditados, cuando en realidad tenemos auditorías internas y a su vez tenemos auditorías externas” en el marco de las cuales “el Gobierno Nacional tiene que decidir cuándo nos audita y nosotros someternos obligatoriamente a esas auditorías”.
“Entonces, en vez de decir que no nos dejamos auditar tienen que decir ‘los vamos a auditar’ y -como siempre lo hacemos- tenemos que abrir las puertas de las universidades. Además nosotros rendimos a la Secretaría de Políticas Universitarias cada gasto que hacemos a través de la universidad. Eso está apoyado por una resolución que firma un consejo académico o un decano o un rector”, añadió.
En el mismo sentido Giosa expresó que “si sucedieron cosas que no son correctas, para demostrar que fue así o no están las auditorías. A partir de ahí se inician las acciones penales y se determinará si hubo una estafa, un incumplimiento de los deberes de funcionario público o lo que sea. Pero si la excusa es que porque no nos auditan no nos van a financiar, también se puede decir que porque no se audita el Poder Ejecutivo Nacional, no lo vamos a financiar porque no sabemos cuántos trabajadores tiene. Pero el pueblo no tiene la posibilidad para decidir eso; ellos sí tienen en sus manos esa herramienta”.
“Somos parte de la comunidad”
Ante la consulta acerca de si sienten apoyo de parte de la sociedad ante la lucha que están emprendiendo, la decana de Derecho respondió que, “caminando Azul y cada vez que hubo alguna manifestación de reclamo, nos hemos sentido acompañados por la comunidad”. “Esta universidad que está cumpliendo 50 años, tanto en Tandil como en Azul y en Olavarría nació por voluntad de la sociedad. Después fuimos nacionalizados. En el caso de Derecho incluso más, ya que en los albores fuimos financiados por una tasa municipal”, refirió Giosa.
Igualmente la abogada y docente dejó en claro que “somos parte de la sociedad no sólo por lo que implica la universidad para todos los jóvenes que están en la región, sino también por el impacto económico que tiene en cada una de nuestras ciudades”.
“No es difícil imaginarse el impacto negativo que tendría en Azul, en Tandil y en Olavarría el hecho de no tener a la UNICEN: menos alquileres, menos gasto en el comercio, en el transporte, en comida y en todo lo demás”, apuntó.
Según opinó Giosa: “Más allá del apoyo que se nos brinda, me parece que tendríamos que hacer que esto se vuelva cada vez más potente para cambiar la decisión que tomaron los legisladores y para tener un presupuesto 2025 acorde a lo que necesitamos”.
“Cobramos sueldos por debajo de lalínea de la pobreza”
Por su parte, la trabajadora no docente Laura Graziano aseguró que “sabemos que es una realidad que hoy está atravesando toda la sociedad, pero en particular en las universidades los salarios están muy bajos en su gran mayoría”.
“Docentes y no docentes estamos cobrando sueldos por debajo de la línea de la pobreza, pero más allá de eso -que es una gran preocupación porque trabajamos para mantener y sostener a nuestras familias-, en la universidad se da una particularidad, que todos no sólo venimos a trabajar sino que también somos parte de esta comunidad y del cogobierno universitario”, expuso.
Asimismo, Graziano puso énfasis en el hecho de que “no sólo nos interesan nuestros salarios sino que vamos a acompañar esta lucha porque nos preocupa el sostenimiento de la universidad pública no ha arancelada en Argentina”.
“Queremos que nuestros hijos lleguen a ese sueño de la universidad pública que tiene este país, pero vemos que las políticas que se están impulsando la van llevando al desfinanciamiento. Y podemos suponer cuál es el siguiente paso del Gobierno Nacional, que seguramente sea el de ir por alguna modificación no beneficiosa para el pueblo argentino de la Ley de Educación Superior”, enfatizó.
A sui vez, la trabajadora no docente de la Facultad de Derecho de Azul sostuvo que “no queremos hacer campañas del miedo ni nada por el estilo, pero lo han dicho claramente: pretenden provincializar las universidades, arancelar, poner vouchers. Eso atenta absolutamente contra la gratuidad y la concepción de la universidad argentina como un derecho humano”.
Graziano reiteró que “esas también son preocupaciones de los y las trabajadoras de la universidad. Cuando marchamos no lo hacemos sólo por nuestros salarios sino también porque queremos seguir viendo estudiantes que son primera generación y también a aquellos que ya son segunda generación y que los traen sus padres con el orgullo de decir que fueron primera generación en la universidad pública argentina, la cual le dio la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse en la comunidad”.
“Vamos a seguir peleando por las becas, por el financiamiento, por los salarios y por todo lo que implica la universidad pública”, remarcó.
“A este gobierno no le importa la educación pública”
A su turno, Pablo Míguez indicó que, “como estudiantes, estamos muy orgullosos de la universidad, de los docentes y de los no docentes que tenemos. Nosotros sin ellos no podríamos estudiar ninguna carrera, y ellos sin nosotros no podrían trabajar”.
Por lo anteriormente mencionado es que el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de Azul consideró que “nuestro acompañamiento hacia ellos se fundamenta en luchar por un salario digno, ya que hoy el 70% de los sueldos de los docentes y los no docentes están por debajo de la línea de la pobreza y en el último año perdieron 50 puntos respecto de la inflación y de los aumentos de la canasta básica”. “Tampoco podemos permitir -dijo Míguez- que trabajadores docentes de grado y de postgrado estén cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Esa es una lucha que tenemos que dar y acompañar, participando activamente de estas actividades y a nivel nacional -como se está haciendo en distintas universidades- con acciones como la toma de los edificios de los rectorados”.
Para el joven “estas son las últimas medidas que tenemos para visibilizar lo que está sucediendo. Lamentablemente a este gobierno no le importa la educación pública y no va a dar el brazo a torcer”.
“Nosotros vamos a seguir luchando para no dejarnos pasar por arriba. Lo que vamos a hacer los estudiantes es organizarnos en conjunto con el resto de los claustros para defender nuestra universidad”, remarcó.
De igual forma Míguez mencionó que “nosotros no solamente venimos a estudiar acá. Venimos a hacer amigos, a tener una vida, a comer, a sacar fotocopias. Generamos un movimiento económico importantísimo”.
“Esto está lejos de cualquier movilización partidaria. Y cuando dicen que la marcha es política…sí, es necesariamente política, porque la defensa de la universidad pública es política. Nosotros, como estudiantes organizados, vamos a pelear porque esto se mantenga, por una actualización de un presupuesto acorde a las exigencias y a las políticas públicas que tiene la universidad, y para garantizar un derecho humano que está estipulado en nuestra Ley de Educación Superior”, manifestó el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.
“Nunca hemos pasado por una situación semejante”
Sobre el final de la entrevista con este matutino Laura Giosa dejó en claro que “la lucha va a ser muy larga. Lo del Congreso fue nada más que una batalla dentro de esta gran pelea”.
“Creo que vamos a tener que seguir luchando. La próxima es la Ley de Presupuesto Nacional. Es una lucha que va a tener casi cuatro años, porque no tienen la intención de cumplir con lo que dice nuestra Constitución Nacional respecto a que las universidades somos autónomas y que debemos tener financiamiento. Nunca hemos pasado por una situación semejante. Creo que no está en el proyecto actual de país garantizar el funcionamiento de la educación superior y de las universidades públicas”, concluyó la decana de la Facultad de Derecho.
Fuente: Diario El Tiempo de Azul
