Durante el debate, hubo presencias en el recinto de funcionarios del Ejecutivo, como el Director del Hospital, Fernando Alí; la administradora, María Emilia Castro, y los secretarios del intendente Wesner, Matías Venzi y de la jefa de gabinete Landívar, Celeste Irigoyemborde.

En las bancas había 19 concejales, ante la falta con aviso de la concejal González, del PRO-ERF.

El concejal Aguilera, al frente de la bancada oficialista, fue el miembro informante del expediente que trata sobre la venta de un tramo de camino a la empresa Loma Negra, en la zona de La Pampita. Realizó un repaso del recorrido del proyecto desde que Loma Negra lo presenta al Ejecutivo hace algunos años, hasta el anuncio de hace algunas jornadas en torno en qué pretende la administración de Wesner usar el dinero resultante. Recordemos que el avalúo de la UNS da U$S2.305.000 (algo más de $2.330.000.000 a dólar oficial), que serán abonados en tres cuotas.

La concejal Odello, de LLA, mencionó que no está todo aclarado en el expediente, en relación al plan de obras anunciado y al anexo que recibieron hace algunos minutos. Repasó una lista de promesas que el intendente Wesner no ha cumplido, como para justificar su desconfianza. Además, manifestó que desconfía que el plan de salud sea trienal, pero el pago de la calle sea en tres meses. Fue la primera edil en mencionar a los productores que no fueron llamados a ser parte. Eso le genera incomodidad, explicó.

Para Matrella la demora en el tratamiento del proyecto es responsabilidad del Ejecutivo, pero consideró que “se ha llegado, pero se podría haber otorgado más tiempo”. Repasó detalles de lo que fue la negociación del precio, los avalúos y proyectos que nunca llegaron al Concejo. Destacó que es una pena que no haya podido darse ante la reunión con los productores que mostraron su descontento con la traza. Explicó que no pudo haberse de otra forma, porque había que expropiar campos que no son de Loma Negra. Adelantó que presentarán una moción para contemplarlo.

Luego, la concejal Amespil del PRO-ERF, consultó por modificaciones que se han hecho al expediente que no han sido anunciadas. Especificó que el proyecto que tratan en este momento, no es el que salió de comisiones. Se pasó a un cuarto intermedio.

El concejal Aguilera detalló las modificaciones que tienen que ver con plasmar las cuotas hasta diciembre y un anexo 1 relacionado con las obras anunciadas. Fueron aprobadas por mayoría, con el voto en contra de La Libertad Avanza.

El concejal Matrella mocionó para sumar dos comisiones: una de los productores afectados y otra de seguimiento de las obras.

Para el concejal Galli el expediente cumplió con todos los requisitos de “una clase de kirchnerismo”. Añadió que quiso llevarse por delante todos los requisitos administrativos y recordó palabras de Mercedes Landívar en oportunidad de la venta de la calle a Cementos Avellaneda. El edil repasó “minuciosamente” el recorrido del expediente en esta gestión. Entre algunos puntos denunció aprietes, pocas respuestas por parte de los profesionales de la UNS y muy poco tiempo para la investigación. Puntualizó contradicciones del actual intendente, Wesner, que calificaba como “venta de las joyas de la abuela” la comercialización de la calle a Cementos Avellaneda, que fue realizada a un mayor valor por tonelada, que el resultante que tendrá la venta a Loma Negra.

El concejal Aguilera detalló lo actuado en el expediente durante la gestión de Galli. Se refirió a lo relacionado con el avalúo inicial y lo tasado en el segundo informe. Agregó un dato a la discusión, relacionada con el avance de la obra de la traza del camino, en marco de la negociación, donde se redujó 700 mil dólares del primer al segundo precio, sin tener paso el proyecto en el Concejo. Se preguntó si una empresa como Loma Negra avanzaría en una obra así, sin tener el OK del Ejecutivo. En esta línea, denunció que el avalúo que se hizo para la venta de la calle a Cementos Avellaneda es ilegal, porque los ingenieros no están habilitados para hacer este tipo de trámites. Denunció públicamente que por la venta de la calle a Cementos, “se compraron miradores que están tirados en el CEMO”. Agregó que la oposición PRO “extorsionó”, ya que condicionó el quórum a que se haga lo que ellos querían.

Tras un cuarto intermedio y llegando a las tres horas de sesión, tomó la palabra la concejal Amespil. Afirmó que no hay que destacar que el intendente los convoque a debatir un día después de presentado el proyecto. Consideró que no es extorsivo que el Concejo convoque al intendente. Se lamentó que califiquen de ‘ilegal’ el trabajo de la UNICÉN. Agregó que ellos han ido en representación de todos los bloques opositores, cada vez que han negociado. Reveló que 12 concejales presentaron alternativas de afectación. Señaló que Galli no avaló nada, porque el expediente dejó de moverse en agosto de 2022. La concejal presentó una moción para insistir con un artículo 4, con la asignación de recursos que la oposición ya había dado a conocer, que difiere de lo planteado por el Ejecutivo, aunque agregando un inciso para el acompañamiento a los adjudicados en los 112 lotes. Además, también un reconocimiento a los productores agropecuarios afectados.

El concejal Petehs señaló que ha habido varios pases de facturas entre los bloques mayoritarios. Expresó que él tenía dudas en cuanto a la afectación de los recursos y por eso la posición que tenía. Reconoció que ahora hay un plan de afectación. De todas formas, señaló, hubo un tratamiento de apuro. Tal como la reunión que tuvieron este viernes con los productores. Afirmó que no se condice lo expresado por estos vecinos con lo que la empresa había manifestado acerca de las consultas con los residentes de la zona. Dijo apoyar a los productores y las mociones presentadas a su favor, como a la moción de creación de la comisión.

El concejal Gamondi solicitó que se pida disculpas a su compañera Odello por lo sucedido en el cuarto intermedio anterior. (N. de R.: Hubo expresiones del presidente del Concejo por las que se sintió agraviada).

Para las 14:30 se retomó la sesión y se votaron las mociones. La modificación del artículo 4 resultó rechazada con el voto doble del presidente del concejo y los votos negativos del oficialismo de Unión por la Patria y la UCR. Por unanimidad se aprobó la moción para crear una comisión que trate el tema de los productores afectados. Misma suerte corrió la comisión para seguimiento de las obras.

El concejal Gamondi opinó que estamos ante un episodio más de lo que hace años viene haciendo la clase política. Consideró que el Ejecutivo y algunos políticos tienen ‘omnipotencia’ para decidir qué se hace con los bienes que son patrimonio público. No se dio espacio a los vecinos para expresarse en ningún momento, afirmó. “Los ciudadanos nos merecíamos un poco más de tiempo”, expresó. Manifestó que está anexada al expediente una presentación que LLA hizo con un grupo de técnicos en minería locales y la UNS se los respondió. Por otro, señaló que los inquieta el valor asignado de 37 centavos de dólar. Para ellos, la UNS reconoce que el valor que ellos asignan es menor a lo que corresponde. Agregó que ellos querían el análisis de la UNLP, pero no se pudo acceder por falta de tiempo, aunque les expresaron que el valor “les generaba dudas”. Finalmente, puso reparos en torno a lo que va a pasar con el dinero que se recaude. Adelantó que apoyan la desafectación, pero no la venta, por considerar irrespetuoso el tratamiento que se le dio al expediente.

El concejal González tomó la palabra para justificar el apoyo a lo que pide el oficialismo, en la reunión que tuvieron este jueves con el delegado de Loma Negra y, también, la que tuvieron con el director del Hospital. Matrella señaló, en el mismo sentido, que la voz de las localidades la tienen los delegados.

El concejal Galli pidió aclaraciones en torno al Fondo Rotatorio, el cordón del barrio AOMA (si es el de la ruta 51 o el de los mineros) y el plan trienal de la aparatología.

La desafectación fue aprobada por unanimidad. En tanto la enajenación fue aprobada por mayoría, con la oposición de LLA.

Ese mismo resultado tuvieron los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El artículo 2 se aprobó con el voto positivo de UxP, la UCR y el doble del presidente del Cuerpo. El artículo 4 no necesitó del voto doble, porque sumó al concejal Petehs.

Pasadas las 3 de la tarde se inició el debate por el aumento de la tarifa de obras sanitarias, también con la introducción del concejal Federico Aguilera por el oficialismo. El edil repasó el camino para determinar un 341% de incremento por el Ejecutivo y un 452% por Coopelectric. Expresó que se busca tratar el cuadro tarifario del Ejecutivo, o sea el del 341%, a partir de los consumos facturados desde el 1 de diciembre.

Fue aprobado por unanimidad, sin que otro edil hiciera uso de la palabra, en unos 5 minutos de tiempo total.

Básicamente, los usuarios con agua y cloacas que paguen el mínimo, unos $2100, pasarían a pagar casi $10 mil con los consumos de diciembre, que se facturan en enero/febrero, dependiendo del usuario.

Tras la votación, el concejal Galli recordó palabras del concejal Sánchez en el 2022, donde decía que su bloque no apoyaba ningún aumento contra los vecinos “se ve que el de ahora sí”, ironizó.

El concejal Coscia responsabilizó a Guillermo Santellán por lo que fue la sesión y el tratamiento del expediente, que hubo que hacer varios cuartos intermedios para que quede correcto, en lugar de trabajar como corresponde, en comisiones.

Santellán respondió que cuando se plantee prolijidad y seriedad desde una dimensión moral, hay que tener en cuenta un “microescándalo” como el de hoy, que en realidad formaba parte del flujo habitual del legislativo. Aclaró que no tiene problemas en pedir disculpas, si hace falta. Pidió seguir hablando y resolver las diferencias con diálogo y con trabajo.

Tras este último intercambio, el concejal Coscia arrió la bandera.

Fuente: Nota de Radio Olavarría

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) está en el centro del negocio de la energía eléctrica en Argentina, con todo lo que eso implica en un país en el que se busca recomponer tarifas, que llevan aumentos de más de 300% desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y donde se quitan subsidios para sostener la política de déficit cero. Todo en medio de una tensión constante entre las autoridades y los grandes jugadores del rubro, las empresas que se encargan de la generación, el transporte y la distribución de la electricidad.

Este año, en medio de puja por deudas que arrastraba el Estado con empresas de generación –que terminó con un bono para pagar una deuda de unos USD 1.200 millones– se habló de que Cammesa podría desaparecer. Al menos hasta ahora no ocurrió. Sí se anunció, días atrás, que la estructura ejecutiva del sector, la secretaría de Energía, sufría cambios en su cúpula: el secretario Eduardo Rodríguez Chirillo fue reemplazado por María Tettamanti. Fue una movida que muchos tomaron como un episodio del desembarco, tibio por el momento, del PRO de Mauricio Macri, en un sector estratégico para el país.

Ahora, en paralelo, Cammesa –que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)– anunció que intervendrá a 7 cooperativas eléctricas y reclama una deuda total para el sector de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. La medida se tomará en una acción conjunta con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes, el organismo de Capital Humano que controla el funcionamiento de las cooperativas en todo el país.

Fuente: Radio Olavarría