Con la ausencia del secretario del cuerpo Lanceta que fue reemplazado por la prosecretaria Araneo, pasadas las 19 se inició la sesión con el tratamiento de los expedientes que ingresaron en término.

Se aprovechó el inicio del orden del día para incluir varios expedientes a tratar sobre tablas. Luego se dio inicio al tratamiento de los expedientes sobre tablas que estaban programados.

La concejal Espinosa introdujo un expediente del año pasado que prevé la convalidación de la compra de una ambulancia para la zona rural, más precisamente, para Espigas y Recalde. Será una pick-up, explicó, y recordó que durante el 2017 el concejal Latorre lo había pedido.
El concejal Aramburu explicó que ellos se van a abstener porque no ven necesario que el Concejo convalide una licitación bien hecha, que quedó con un oferente porque dos no cumplían con los requisitos. Pero dijo que saludaban la compra. Latorre, por otro lado, afirmó que no hay que olvidar que hay otras ambulancias complicadas, pero reconoce la iniciativa oficial y la ve como necesaria. Arregui le llamó la atención, pese a que felicita por la compra, por la cuestión de la transparencia. Afirmó que no era necesario el pase al cuerpo, porque el intendente tiene las facultades para hacerlo. No fue único oferente, es oferta más conveniente, advirtió. También el bloque se va a abstener, adelantó.
La concejal Espínosa explicó que en realidad era el producto ofrecido, en dos casos, el que no cumplía con los requisitos, sino los oferentes.
Finalmente el proyecto se aprobó con las abstenciones de UC y CO.

El concejal Rodríguez fue el miembro informante del proyecto que realiza un pedido de informes sobre la seguridad. Afirmó que no quieren politizar nada, sino que quieren dejar sentada la preocupación de la ciudadanía. Descartó cualquier tipo de demagogia en el tratamiento, más allá de lo que el jefe comunal ha dicho en los medios acerca de los proyectos del cuerpo, sostuvo el edil. Pidió que la gobernadora y el intendente den respuestas a través de los servicios encargados de proveer justicia. Recordó que el año pasado se debatió por los patrulleros que había entregado Ritondo y no estaban operativos. Afirmó el concejal que hoy, mayo del 2018, siguen inactivos en el playón de la policía distrital. Pidió que el 911 vuelva atender en Olavarría y la restauración del 0800 Droga-No. El pedido de informes, señaló Rodríguez, entre otras cosas pide los datos que la subsecretaría de seguridad tiene y solicitará la presencia de Daniel Borra en el cuerpo. La concejal Espinosa tomó la palabra para adelantar acompañamiento y se preguntó por qué Rodríguez no pide participar del Consejo De Seguridad que sesionó el día previo a que presenten este pedido en los medios. Además, respecto a los policías, la concejal explicó que Olavarría supera el índice que tienen otros distritos en cuanto a la cantidad. También, en el día de los medios de comunicación social, explicó la edil, se pregunta si dar todos estos datos no ayudan a conformar la posverdad.
El concejal Rodríguez afirmó que aclaró en los medios que los datos del pedido de informe surgen de relevar los medios y las redes sociales, por eso se solicitan los datos oficiales. Pero les pidió que salgan a la calle a ver lo que siente el vecino. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal De Bellis presentó el proyecto sobre la creación de la comisión de jóvenes y nocturnidad, pero hubo que entrar en cuarto intermedio porque, al tiempo, ingresaron mas de un centenar de manifestantes que se habían congregado contra el femicidio de Luján Riva de Neira.

En ese momento el titular del cuerpo, Bruno Cenizo, concurrió a hablar con las voces cantantes de la marcha.

La primera manifestación tuvo que ver con un familiar de la consejera escolar Liliana Bustos, de Cambiemos, que está encarcelado por abuso sexual de una niña. Fue la mamá de la niña la que pidió que dejen de apoyarla y la que afirmó que cuando se lo ha planteado a la propia Bustos, lo ha minimizado.

También hubo reclamos y hasta pedido de renuncias al concejal Arguiñena por los dichos en redes sociales (cabe decir que el edil se quedó en el pasillo de los baños de la Sociedad Española, mientras las mujeres se manifestaban en la barra, y se reintegró cuando la sesión fue retomada y ya no había integrantes de la marcha en el Recinto). Exigieron que ‘Baby’ Etchecopar y Los Midachi no se presenten en la ciudad. Además también pidieron capacitaciones con visión de género y que no se recorten los fondos destinados contra la violencia de género en el ámbito comunal. Como consigna se gritó que se aplique el protocolo del aborto no punible, la Educación Sexual Integral y se pidió por la despenalización del aborto.

Luego de la interrupción, pasadas las 20 se retomó la sesión y la concejal De Bellis explicó que quieren meterse de lleno en el tema nocturnidad. “Confiterías bailables y fiestas en quintas”, señaló la edil. El concejal Fal afirmó que acompañarán la iniciativa por la preocupación que hay por el tema. Latorre señaló que este es un tema que trasciende la cuestión de la nocturnidad y se lamentó no haberlo podido abordar con la inspectora de educación cuando concurrió al cuerpo. Señaló que en Olavarría hay problemas en las salidas de los boliches. Pidió que los dueños de los boliches se ‘sinceren’ y no usen a los adolescentes para emborracharlos y tirarlos a que responda el gobierno municipal por ellos. Delía pidió responsabilidad y retomó declaraciones de Manuel Santellán, titular del HCD Estudiantil, que pidió que el Estado y las familias sean las que se encarguen del tema. La concejal pidió el involucramiento de toda la sociedad, pero sobre todo escuchar las voces de los jóvenes. El concejal Iguerategui manifestó agradecimiento hacia el resto de los bloques por el acompañamiento a la creación de la comisión. Consideró que la ley que regula la nocturnidad es anticuada y no reconoce el lugar que los jóvenes tienen hoy. Destacó que la Senadora Szelagowski en su momento intentó algún tipo de modificación, pero no tuvo eco. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Nuevamente se pasó a un cuarto intermedio por la ausencia de dos concejales del oficialismo.

Se retomó la sesión a las 21 horas y fue la concejal Rizzonelli, en su última sesión, la que presentó el poryecto de declarar de interés el centenario de la Escuela 17. Entre los ediles hay varios ex alumnos, docentes y hasta ella misma, que fue directora. La concejal Espinosa afirmó tener ‘beneplácito’ por el proyecto. Aprovechó para resaltar la personalidad de la concejal Rizzonelli. Vitale y Cenizo también recordaron su paso por la institución como estudiantes. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Delía introdujo el proyecto que busca declarar de interés la Fiesta de la Kerb de Colonia Nievas. Fue aprobado por unanimidad.

Latorre se encargó de informar sobre el pedido al Ejecutivo para que dé a conocer los resultados de los análisis del agua del arroyo Tapalqué. Se mostró agotado por el tema. Mencionó que el diario La Nación ha publicado que en varios partidos cercanos se ha dado a conocer que el valor de arsénico en el agua es superior al permitido. Señaló que la ingeniera Díaz ha efectuado declaraciones públicas en torno a que publicar estos datos tiene que ver con una decisión política. Pidió que, como sucede en otros partidos, se dé a conocer a través de los medios de comunicación, sobre todo también, si se va a habilitar el baño para la temporada.
La concejal González respondió que acompañarán el pedido de informes pero que en unas semanas se subirán al portal de Gobierno Abierto los datos del período Marzo – Abril y confirmó que las mediciones se siguen haciendo normalmente. La concejal Almada resaltó que la palabra que sobrevuela toda la sesión es “datos”. Más allá de eso explicó que, por ejemplo, el sindicato de Guardavidas viene relavando que, pese a la prohibición de baño, los olavarrienses igual se bañan. Además señaló que también los guadavidas se han preguntado por si hay o no trabajadores que garanticen la seguridad de los bañistas en los lugares habilitados, como Colonia San Miguel, y han tenido que cubrirlos, porque la municipalidad no los ha garantizado. Almada relacionó todo esto con la gestión de los espacios: se puede hacer cuando son privados y no cuando son públicos, se lamentó. Agregó que son las clases populares las que más necesitan el espacio. Fue aprobado por una unanimidad.

La concejal Delía pidió que el proyecto que busca actividades recreativas bailables para jóvenes de 14 a 17 años, fuera tratado con en la nueva comisión creada minutos antes. Fue aprobado por unanimidad.

Luego el concejal Latorre introdujo el pedido de informes hacia el Consejo Escolar, que había adelantado en LU32, acerca de la presunta defraudación de la Orden Franciscana al Estado Provincial. También el avasallamiento de espacios comunes que el ISFD 22 padece los días viernes. El concejal Arguiñena dijo que le parece mucho decir que hay una clara defraudación de la orden franciscana al Estado. Repasó que el trabajo que hacen los franciscanos en la comunidad a través de las Cáritas es importante y recordó a Fray Romeo. Más allá de eso, señaló que el contrato se firmó durante la gestión de Marcela Castillo y aclaró que hay una disposición de la Provincia que no permite alquilar ‘una parte de’, como sí figura en el contrato. Por otro lado, indicó que el contrato está vencido y se está negociando actualmente entre el Consejo Escolar, la Provincia y los Franciscanos. Resaltó que hoy se pagan 7800 pesos mensuales, lo que se paga cualquier departamento, comparó Arguiñena. La concejal Almada sostuvo que se han recorrido ríos de tinta sobre los subsidios que se les da a los privados que se meten en educación. Agregó que hay gestiones transparentes y otras que no lo son. Mencionó el caso de una escuela de Mariano Moreno intervenida por la Justicia debido a una familia que no la pudo gestionar y la despilfarró. Explicó que esto sucede por la falta de control del Estado a estas instituciones. Afirmó que a los representantes legales de estos establecimientos, como los franciscanos o cualquier otro, no les tiembla el pulso al momento de tener echar a trabajadores o no pagar aportes patronales. Pidió transparencia y coherencia en las gestiones de los establecimientos. Rodríguez tomó la palabra para realizar una crítica al instrumento “pedido de informes”, que tienen que ir al Departamento Ejecutivo. Para la interacción con otro organismo cuadraría más la categoría de Proyecto de Comunicación, dirigida al Consejo Escolar. Fue aprobada la moción por unanimidad. De todos modos Latorre pidió la palabra para aclarar que no está en contra de la Orden Franciscana por las buenas obras que ha hecho. Señaló que acá hay una cuestión de mala gestión y que los Franciscanos nos son improvisados. Recordó el caso de la docente Marisa Pretzoli, asesinada en la institución, cuya resolución ha sido ocultada. Descartó que haya cualquier falsedad en la información por él aportada. Arguiñena aclaró que él se refirió al contrato entre la DGEyC y San Antonio, que venció y está por vencer en noviembre el contrato con Lomas de Zamora. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El concejal Aguilera fue el que introdujo un proyecto sobre tablas, relacionado con el pedido de los trabajadores de conocer qué sucederá con el Matadero municipal y la posible municipalización de los mismos. Aguilera explicó que solicitan que el intendente, el jefe de gabinete y las autoridades, den solución al conflicto y que atiendan la situación de los 29 trabajadores, sea de la forma que sea. Pidió al intendente que anda de paseo por China que traiga inversiones para el Matadero. La concejal Espinosa respondió que comparten la preocupación por los trabajadores, pero no pueden acompañar el proyecto. Aguilera se lamentó por el no acompañamiento y mocionó para retirar el artículo 3. Fue aprobado por unanimidad, con lo que se consiguió el voto de la bancada oficialista. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El concejal Aramburu pidió la palabra para presentar el proyecto que repudia la intervención del Fondo Monetario Internacional. Comparó los dos años y medio que Kirchner usó para pagarle al Fondo, con el mismo tiempo que usó Macri para pedirle dinero. Agregó que la relación de Argentina y el Fondo nació con la autodenominada “Revolución Libertadora”. Adelantó que se vienen el pedido de ajuste, como ha sucedido en años anteriores. Pidió recordar lo que fue, pero no tanto y mencionó lo hecho por el Fondo en Grecia. La concejal Delía señaló que el GEN; partido al que pertenece, pidió diálogo para resolver lo que está pasando. Latorre afirmó que no le gusta nada lo que está pasando. Recordó las relaciones carnales con los Estados Unidos. Explicó que privatizaciones no va a haber, pero se van a congelar los salarios de los empleados públicos. La concejal Arouxet señaló que Unidad Ciudadana solo repudia las medidas de gobierno, como la intervención del PJ. Comenzó a repasar lo realizado, según su visión, por el gobierno de Cristina Kirchner, en lo relacionado con el déficit fiscal, reservas, falsos datos del INDEC, inflación, precio del dólar y cepo. Pidió que se hagan cargo, ya que la crisis no comenzó hace dos años y medio. El concejal Vitale pidió que en la resolución se fije que le pida a la Nación que dé participación al Congreso, en caso de firmar una acuerdo. Se aprobó por mayoría con el voto negativo de Cambiemos. El concejal Aguilera afirmó que desconoce de dónde salen los datos, todos negativos, que arrojó la concejal. Además la felicitó por reconocer que la intervención del PJ fue un acto de gobierno. Sostuvo que quien desdice los datos de la concejal es el propio INDEC de Macri. Pidió a los concejales que den un solo ejemplo exitoso donde el FMI haya intervenido. Fue aprobado por mayoría con la negativa de Cambiemos.

El último de los proyectos sobre tablas, cerca de las 23, fue el primero con impacto en la vida diaria de la mayor parte de los olavarrienses. La concejal Arouxet repasó el tema de la derogación de las tasas municipales incluidas en las boletas de gas. Señaló, como dijo el intendente Galli, que viene desde el año 1986. Además reconoció la concejal la situación por la que están pasando los vecinos. Iguerategui resaltó que el intendente confundió impuesto con tasa al hacer el anuncio. Señaló que con este fondo se alcanzó más del 80% de cobertura de red del fluido en el 2015. Explicó que en los dos años y medio, Galli usó solo el 20% de lo recaudado para el uso que había sido creado, de lo que ha pagado la mitad. O sea solo usó el 10%. Responsabilizó al gobierno nacional por los tarifazos, que hace que se tome esta decisión a nivel local. Además explicó que la quita real en la factura será del 4,7%. La concejal Arouxet explicó el uso de los fondos y diferenció entre los devengado y lo comprometido en un presupuesto. Afirmó que se licitaron obras en el mes de diciembre de 2017 que superan los 7 millones de un total de aproximadamente 9 que tienen para gastar, por eso no aparecen como devengados en ese año. Seguido enumeró varias obras que se están desarrollando por el tema. Por otro lado, explicó que tuvieron que pagar en el 2016 un millón y medio de pesos del fondo del gas, para una obra hidráulica que había comprometido Eseverri en el 2015. Agregó que tienen que aclarar este tipo de información que es errónea. La concejal Arregui arremetió contra Arouxet y realizó una explicación de los conceptos que había abordado la edil preopinante. Afirmó que hay una subejecución del gasto. La concejal Arouxet respondió y profundizó acerca de los 62 mil pesos. Rodríguez insistió con que el problema sigue siendo el sideral aumento de la tarifa. La concejal Espinosa afirmó que cuando el intendente presupuesta gastos, tiene a subestimar y ser austero para poder cumplirlo. Reconoció que el gasto del fondo está subejecutado, pero afirmó que se ejecutará “tarde o temprano”. Añadió que hay un 95% de la ciudad que está cubierta por la red de gas. Y descartó que sea una medida demagógica la quita. Iguerategui afirmó que demagogia es vetar una ordenanza que preveía la ayuda para que los vecinos se conecten a red de gas y no aplicar la ayuda de ninguna manera. De todos modos, el proyecto fue aprobado por unanimidad. Tras eso el concejal Rodríguez, solicitó que la transcripción de la sesión sea remitida al Tribunal de Cuentas.