Doble frente judicial para Coopelectric: intimación por la cuota capital y apelación por el fin de la concesión

Mientras el Juzgado de Azul le dio cinco días a la entidad para informar sobre los cobros de la “Contribución por acciones”, la disputa con el municipio por el vencimiento del contrato se traslada a la Cámara de Mar del Plata

El tema del cobro extra en la factura es la respuesta directa a una acción colectiva promovida por la Asociación Civil Ciudadanía del Consumidor, que denuncia la persistencia de cargos bajo las figuras de “cuota capital” o “contribución accionaria” en las boletas emitidas, al menos, desde diciembre de 2025.

El sustento legal del reclamo se apoya en la reciente Resolución 43 del OCEBA, como ya informamos. El organismo de control bonaerense fue tajante al denegar a la cooperativa la autorización para percibir estos montos, argumentando que no se cumplen los requisitos básicos de información veraz y, fundamentalmente, la aceptación previa del usuario para realizar el pago por separado.

Vale decir que la última de las denuncias destaca una preocupante falta de relación técnica entre lo que el vecino consume y lo que termina pagando bajo el código “8045 CONT ACC / ART 9 ESTATUTO”.

Para graficar esta situación, basta observar la evolución de la facturación de un usuario residencial entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Los números revelan una tendencia paradójica: el cargo sube mientras el consumo baja. En diciembre, por un consumo de 58 kWh, el importe fue de $3.182,24; sin embargo, para marzo de 2026, a pesar de haber registrado una baja en el consumo (62 kWh frente a los 63 del mes previo), el monto escaló a su punto máximo de $3.810,42. Esta dinámica es la que llevó al OCEBA a ratificar que la cooperativa se encuentra bajo un sumario administrativo por lo que consideran un incumplimiento sistemático de las normativas vigentes.

Mientras la justicia de Azul espera el informe técnico de la cooperativa y documentación ampliatoria del ente regulador antes del próximo viernes 24, la batalla legal se ramifica hacia el Palacio San Martín.

En un carril paralelo, el Municipio de Olavarría apeló la resolución sobre la “pretensión declarativa de certeza” vinculada al fin del contrato de concesión. Aunque el juez Quaranta había considerado la cuestión como abstracta, le impuso las costas al municipio, punto que la gestión local busca revertir en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

La Dra. Verónica Martel, representante legal de la comuna, sostiene que Coopelectric tuvo una “manifiesta intención de judicializar la cuestión desde el inicio”. El argumento municipal se centra en que, si bien la cooperativa fue notificada en febrero de 2026 sobre el decreto que ponía fin a la concesión en octubre de 2025, la entidad nunca solicitó tomar vista de las actuaciones administrativas ni pidió un pronto despacho antes de recurrir a los tribunales. Para Martel, la existencia del acto administrativo fue explícita en las notas enviadas el 31 de octubre y el 5 de enero, dejando la resolución final de este conflicto en manos de la alzada marplatense.

N. de R.. Este informe contó con la colaboración de herramientas de Inteligencia Artificial de Google para el procesamiento de datos técnicos y la síntesis de documentos judiciales.

Fuente: Radio Olavarría