Tras la ratificación del veto total a la Ley de Financiamiento Universitario dispuesto por el presidente Javier Milei, docentes y no docentes de todo el país hicieron el viernes pasado un paro por 24 horas en rechazo a esa decisión.

En esta ciudad, la comunidad educativa de la Facultad de Derecho de la UNICEN se concentró el viernes al mediodía en la puerta del Centro de Investigación y Posgrado de esa casa de altos estudios, donde se llevó a cabo la lectura de diferentes documentos relacionados con el escenario planteado y también se realizó una clase pública.

Finalizada la propuesta, EL TIEMPO dialogó con Laura Giosa, decana de la Facultad de Derecho; Laura Graziano, en representación de los trabajadores no docentes; y Pablo Míguez, presidente del Centro de Estudiantes.

“Luchando para poder funcionar”

En la apertura de la charla, Laura Giosa destacó que “uno esperaba que los legisladores y las legisladoras estuvieran a la altura de las circunstancias y no acompañaran el veto del Presidente de la Nación, pero -como hemos visto también con la situación de los jubilados- hay sectores que, junto con el oficialismo, han decidido que la única política de Estado es el déficit cero y con eso arrastran la garantía de todos los derechos que están consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos”.

“La idea de la Ley de Financiamiento no sólo era saldar lo que está pasando en 2024 sino que también era un piso para discutir el 2025. Además se está presentando un proyecto de Presupuesto Nacional que tiene como base el presupuesto para las universidades de 2022, con una inflación que ha sido galopante a lo largo de estos años, más allá de que el presupuesto fue actualizado por el Ejecutivo en 2023 pero que no alcanzaba a cubrir lo necesario para el funcionamiento, y de los parches que se han puesto durante estos últimos meses”, aseveró la decana de la Facultad de Derecho de Azul, quien paso seguido agregó que “incluso estamos discutiendo un presupuesto para el año que viene que tiene una base mucho más baja de la que necesitamos para funcionar”.

De igual forma, Giosa explicó que, “generalmente, para la elaboración del presupuesto nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acompaña un posible proyecto. En ese marco, antes se esperaba el crecimiento de las universidades y en este caso se plantea el poder funcionar con los niveles adecuados para desarrollar todas las funciones de la universidad: investigación, transferencia, extensión y docencia de grado y posgrado”. “Creo que no vamos a llegar ni a eso. Por ese motivo es que el 2025 nos va a encontrar de nuevo en la calle luchando para poder funcionar”, subrayó.

“Tenemos auditorías internas y externas”

Por otro lado, Laura Giosa hizo hincapié en que tanto en la discusión planteada en el Congreso como en las redes sociales, “hemos visto una serie de posverdades -fake news- por ejemplo en lo que dicen sobre la cantidad alumnos fantasmas, lo cual no es cierto, porque están todos registrados y el Gobierno tiene esos datos”.

Además, aclaró la decana de la Facultad de Derecho de Azul, “dicen que no somos auditados, cuando en realidad tenemos auditorías internas y a su vez tenemos auditorías externas” en el marco de las cuales “el Gobierno Nacional tiene que decidir cuándo nos audita y nosotros someternos obligatoriamente a esas auditorías”.

“Entonces, en vez de decir que no nos dejamos auditar tienen que decir ‘los vamos a auditar’ y -como siempre lo hacemos- tenemos que abrir las puertas de las universidades. Además nosotros rendimos a la Secretaría de Políticas Universitarias cada gasto que hacemos a través de la universidad. Eso está apoyado por una resolución que firma un consejo académico o un decano o un rector”, añadió.

En el mismo sentido Giosa expresó que “si sucedieron cosas que no son correctas, para demostrar que fue así o no están las auditorías. A partir de ahí se inician las acciones penales y se determinará si hubo una estafa, un incumplimiento de los deberes de funcionario público o lo que sea. Pero si la excusa es que porque no nos auditan no nos van a financiar, también se puede decir que porque no se audita el Poder Ejecutivo Nacional, no lo vamos a financiar porque no sabemos cuántos trabajadores tiene. Pero el pueblo no tiene la posibilidad para decidir eso; ellos sí tienen en sus manos esa herramienta”.

“Somos parte de la comunidad”

Ante la consulta acerca de si sienten apoyo de parte de la sociedad ante la lucha que están emprendiendo, la decana de Derecho respondió que, “caminando Azul y cada vez que hubo alguna manifestación de reclamo, nos hemos sentido acompañados por la comunidad”. “Esta universidad que está cumpliendo 50 años, tanto en Tandil como en Azul y en Olavarría nació por voluntad de la sociedad. Después fuimos nacionalizados. En el caso de Derecho incluso más, ya que en los albores fuimos financiados por una tasa municipal”, refirió Giosa.

Igualmente la abogada y docente dejó en claro que “somos parte de la sociedad no sólo por lo que implica la universidad para todos los jóvenes que están en la región, sino también por el impacto económico que tiene en cada una de nuestras ciudades”.

“No es difícil imaginarse el impacto negativo que tendría en Azul, en Tandil y en Olavarría el hecho de no tener a la UNICEN: menos alquileres, menos gasto en el comercio, en el transporte, en comida y en todo lo demás”, apuntó.

Según opinó Giosa: “Más allá del apoyo que se nos brinda, me parece que tendríamos que hacer que esto se vuelva cada vez más potente para cambiar la decisión que tomaron los legisladores y para tener un presupuesto 2025 acorde a lo que necesitamos”.

“Cobramos sueldos por debajo de lalínea de la pobreza”

Por su parte, la trabajadora no docente Laura Graziano aseguró que “sabemos que es una realidad que hoy está atravesando toda la sociedad, pero en particular en las universidades los salarios están muy bajos en su gran mayoría”.

“Docentes y no docentes estamos cobrando sueldos por debajo de la línea de la pobreza, pero más allá de eso -que es una gran preocupación porque trabajamos para mantener y sostener a nuestras familias-, en la universidad se da una particularidad, que todos no sólo venimos a trabajar sino que también somos parte de esta comunidad y del cogobierno universitario”, expuso.

Asimismo, Graziano puso énfasis en el hecho de que “no sólo nos interesan nuestros salarios sino que vamos a acompañar esta lucha porque nos preocupa el sostenimiento de la universidad pública no ha arancelada en Argentina”.

“Queremos que nuestros hijos lleguen a ese sueño de la universidad pública que tiene este país, pero vemos que las políticas que se están impulsando la van llevando al desfinanciamiento. Y podemos suponer cuál es el siguiente paso del Gobierno Nacional, que seguramente sea el de ir por alguna modificación no beneficiosa para el pueblo argentino de la Ley de Educación Superior”, enfatizó.

A sui vez, la trabajadora no docente de la Facultad de Derecho de Azul sostuvo que “no queremos hacer campañas del miedo ni nada por el estilo, pero lo han dicho claramente: pretenden provincializar las universidades, arancelar, poner vouchers. Eso atenta absolutamente contra la gratuidad y la concepción de la universidad argentina como un derecho humano”.

Graziano reiteró que “esas también son preocupaciones de los y las trabajadoras de la universidad. Cuando marchamos no lo hacemos sólo por nuestros salarios sino también porque queremos seguir viendo estudiantes que son primera generación y también a aquellos que ya son segunda generación y que los traen sus padres con el orgullo de decir que fueron primera generación en la universidad pública argentina, la cual le dio la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse en la comunidad”.

“Vamos a seguir peleando por las becas, por el financiamiento, por los salarios y por todo lo que implica la universidad pública”, remarcó.

“A este gobierno no le importa la educación pública”

A su turno, Pablo Míguez indicó que, “como estudiantes, estamos muy orgullosos de la universidad, de los docentes y de los no docentes que tenemos. Nosotros sin ellos no podríamos estudiar ninguna carrera, y ellos sin nosotros no podrían trabajar”.

Por lo anteriormente mencionado es que el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de Azul consideró que “nuestro acompañamiento hacia ellos se fundamenta en luchar por un salario digno, ya que hoy el 70% de los sueldos de los docentes y los no docentes están por debajo de la línea de la pobreza y en el último año perdieron 50 puntos respecto de la inflación y de los aumentos de la canasta básica”. “Tampoco podemos permitir -dijo Míguez- que trabajadores docentes de grado y de postgrado estén cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Esa es una lucha que tenemos que dar y acompañar, participando activamente de estas actividades y a nivel nacional -como se está haciendo en distintas universidades- con acciones como la toma de los edificios de los rectorados”.

Para el joven “estas son las últimas medidas que tenemos para visibilizar lo que está sucediendo. Lamentablemente a este gobierno no le importa la educación pública y no va a dar el brazo a torcer”.

“Nosotros vamos a seguir luchando para no dejarnos pasar por arriba. Lo que vamos a hacer los estudiantes es organizarnos en conjunto con el resto de los claustros para defender nuestra universidad”, remarcó.

De igual forma Míguez mencionó que “nosotros no solamente venimos a estudiar acá. Venimos a hacer amigos, a tener una vida, a comer, a sacar fotocopias. Generamos un movimiento económico importantísimo”.

“Esto está lejos de cualquier movilización partidaria. Y cuando dicen que la marcha es política…sí, es necesariamente política, porque la defensa de la universidad pública es política. Nosotros, como estudiantes organizados, vamos a pelear porque esto se mantenga, por una actualización de un presupuesto acorde a las exigencias y a las políticas públicas que tiene la universidad, y para garantizar un derecho humano que está estipulado en nuestra Ley de Educación Superior”, manifestó el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.

“Nunca hemos pasado por una situación semejante”

Sobre el final de la entrevista con este matutino Laura Giosa dejó en claro que “la lucha va a ser muy larga. Lo del Congreso fue nada más que una batalla dentro de esta gran pelea”.

“Creo que vamos a tener que seguir luchando. La próxima es la Ley de Presupuesto Nacional. Es una lucha que va a tener casi cuatro años, porque no tienen la intención de cumplir con lo que dice nuestra Constitución Nacional respecto a que las universidades somos autónomas y que debemos tener financiamiento. Nunca hemos pasado por una situación semejante. Creo que no está en el proyecto actual de país garantizar el funcionamiento de la educación superior y de las universidades públicas”, concluyó la decana de la Facultad de Derecho.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul

El presidente Javier Milei consiguió una nueva victoria en el Congreso al blindar su veto a la ley de financiamiento universitario. El Gobierno había rechazado la norma que actualizaba los salarios docentes y no docentes por inflación –retroactivo a enero y hasta diciembre- por considerar que ponía en riesgo el equilibrio fiscal, piedra fundamental del plan económico.

Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones frenéticas con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 85 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 160 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.

La intervención de Mauricio Macri fue determinante para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal. Finalmente, a pesar de aclarar repetidas veces, en la previa y durante la propia sesión, que defendían la educación pública, el bloque que conduce Cristian Ritondo apoyó mayoritariamente al Gobierno con 35 votos. Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud.

“Este bloque es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con lo que pensamos y con los valores que tenemos. No negociamos el cambio”, dijo Ritondo. Y agregó: “Dejaron una bomba que había que desactivar, y para eso había que ajustar el gasto, reducir el déficit, corregir los precios relativos, normalizar los tipos de cambio y es lo que este gobierno está haciendo. No les importa la educación, es mentira, les importa golpear un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, es intentar que a este gobierno les vaya mal”.

Por su parte, los libertarios mantuvieron los 39 votos de su bloque pero la diputada rebelde Lourdes Arrieta, que recientemente armó su propio monobloque a raíz de una pelea con Martín Menem tras la visita a represores al penal de Ezeiza, votó a favor del financiamiento universitario. Oscar Zago, jefe de la bancada aliada del MID, estuvo ausente por un viaje que desde su entorno aclararon que estaba planificado desde hace meses.

El radicalismo, impulsor original del proyecto de financiamiento universitario, volvió a atravesar las misma turbulencias internas que ya dejaron al bloque al bloque al borde de la ruptura cuando se trató el veto a la nueva fórmula jubilatoria. Esta vez, de los cinco radicales “libertarios” que apoyaron el veto a las jubilaciones, cuatro se mantuvieron firmes junto a Milei (Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero); mientras que Pablo Cervi esta vez decidió abstenerse.

Cuando un diputado se abstiene en parte colabora con el oficialismo ya que al estar presente durante la sesión aumenta el número necesario para alcanzar la mayoría especial de dos tercios.

En cambio, el chubutense Jorge Ávila, del bloque Encuentro Federal, tras la intervención del gobernador Ignacio Torres, se ausentó. Cerca del gobernador aclararon que el diputado terminó internado con un problema de salud, algo que negaron sus compañeros de bloque. El resto del bloque de Miguel Ángel Pichetto apoyó el reclamo universitario, salvo Ricardo López Murphy, que también está de viaje y se perdió la sesión.

La balanza se terminó de inclinar a favor de la Casa Rosada gracias a los gobernadores, que nuevamente jugaron fuerte. Por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo instruyó a los tres miembros del bloque Independencia a apoyar el veto y el misionero Carlos Rovira, jefe político del Frente Renovador de la Concordia, hizo lo propio con cuatro diputados misioneros de Innovación Federal que se abstuvieron (en agosto habían votado a favor de la Universidad). El mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, en cambio, aportó dos diputados en contra del Gobierno. “San Juan es la tierra de Sarmiento y la educación pública, el gobernador no iba a regalarle ese flanco al peronismo de Uñac y Gioja para que lo ataquen”, explicó un operador. Fue la primera votación que toman distancia del oficialismo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, jugó de forma ambigua. Uno de sus diputados, Sergio Acevedo, votó a favor del veto, mientras que su compañero de bancada José Luis Garrido defendió el veto. Una maniobra dificil de analizar.

Para ampliar los consensos y asegurar el apoyo del PRO, el Gobierno no dejó de negociar con los gremios docentes y ayer anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios. El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.

Unión por la Patria se posicionó casi con unanimidad en contra del veto. Sin embargo, una ausencia encendió las alertas en el bloque que conduce Germán Martínez: la catamarqueña Fernanda Ávila se ausentó de la votación -aunque estaba en su despacho- a raíz de una negociación entre la Casa Rosada y el gobernador Raúl Jalil. Tanto la Coalición Cívica como el Frente de Izquierda pudieron salir de la sesión sin fisuras y aportaron todos sus votos para rechazar el veto.

“Es innegable la necesidad de recomponer las remuneraciones docentes, pero no hay crédito disponible para solventar un aumento significativamente por encima de las actualizaciones que ha recibido el resto de los empleados de la administración pública. La indexación de salarios, además de ser una práctica inercial, es inviable. ¿Por que indexar salarios a docentes y no a los demás agentes públicos?”, planteó la diputada libertaria Mercedes Llano.

“La educación pública no está en peligro, no tengan miedo. Es ridículo pensar que el gobierno que declaró la educación como servicio esencial está detrás de un intento de terminar con la educación pública. Estamos en contra de los curros”, sintetizó José Luis Espert, quien tuvo a su cargo el discurso de cierre por los libertarios.

Sobre el final de la sesión, la oposición logró aprobar un emplazamiento a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento

Emplazamiento a las comisiones de Legislación Gral, Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamentos para tratar los proyectos de reforma de la ley la 26.122 sobre Decretos de Necesidad y Urgencia. Habrá dos reuniones informativas el 16 y el 23 de octubre, para dictaminar el 30 del mismo mes.