Referentes de diversas entidades de la comunidad participaron este miércoles de una jornada interinstitucional en una de las cárceles bonaerenses de Azul en la que pudieron transitar sectores intramuros para interiorizarse sobre la labor que se desempeña en pos de la inclusión social de las personas privadas de libertad.
La experiencia de puertas abiertas tuvo lugar en la Unidad 52 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que aloja a mujeres  y fue presidida por el Subjefe de la repartición, Javier Cáceres, en compañía del Subdirector General de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez, del jefe de Complejo Penitenciario Centro Zona Norte, Carlos Mendiondo, y del secretario de Coordinación, Emilio Lupo.
Esta actividad forma parte de una iniciativa de apertura institucional avalada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Alak, y contó con la presencia de más de treinta referentes institucionales.
Para dar inicio a la recorrida, la directora de la Unidad 52, Amalia Vidal, brindó unas palabras de bienvenida y de introducción, acompañada por  los subdirectores, Natalia Medina, Mauricio Pronino y Mariela Luján Ibarra, además de la Directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales, Tamara Carbia.
Vidal sostuvo que “en esta Unidad Carcelaria se llevan adelante diversas iniciativas educacionales, laborales, culturales y de formación laboral con un gran esfuerzo del personal penitenciario, así que agradezco la visita de todos ustedes”.
Luego, el subjefe del SPB, Javier Cáceres, puntualizó sobre el objetivo de las Jornadas Interinstitucionales: “Se trata de abrir las puertas a la comunidad”, y subrayó la importancia de poder trabajar articuladamente.
A continuación, los participantes efectuaron la primera parada en un módulo en el que las internas participan del programa Pabellones Literarios para la Libertad. En este reducto, las mujeres se refirieron a la positiva experiencia de generar espacios de diálogo en contexto de encierro, a la vez que conversaron sobre las diferentes actividades que realizan.
En la sección Talleres, los agentes penitenciarios a cargo del área hablaron sobre las propuestas que allí se ofrecen y que combinan capacitación y trabajo, como carpintería, mantenimiento en general, huerta, costura, manicuría y peluquería. Además, los representantes de la comunidad pudieron conocer el polo textil, lugar en el que se fabrican componentes del kit Qunita bonaerense.
Posteriormente, se dirigieron a la Escuela Extramuros, la primera en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan el nivel primario EPA N° 701 “Islas Malvinas”, en el turno matutino, y el nivel secundario CENS N° 452 “Sor Gregoria Tapia”, en el turno vespertino.
Las directoras de ambos establecimientos explicaron los ejes formativos de la educación en contexto de encierro, mientras los visitantes hicieron consultas y recorrieron las nuevas aulas. También hablaron sobre las capacitaciones en Alfabetización y Educación Sexual Integral, entre otras instrucciones.
En la Escuela Intramuros visitaron el Centro Universitario Alma, en el que más de una veintena de mujeres privadas de la libertad estudian carreras como Comunicación Social, Derecho y la Diplomatura en Integración Social.
La jornada interinstitucional culminó con la proyección de un video en el que se mostraron los históricos avances en infraestructura y ampliación de plazas, la proliferación de polos industriales y los planes de documentación, entre algunos ejes de gestión que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.
Participaron de la recorrida el obispo de la diócesis de Azul, Hugo Manuel Salaberry, el capellán Carlos Ormazabal, el director de la Unidad 7 Azul, Gastón Freites y el jefe de Departamento Regional Cultura Laboral del Complejo Penitenciario Centro Zona Norte, Claudio De Gregorio.

Además, acompañaron el comisario mayor, Juan Marcelo Castro, y el comisario inspector, Juan Iruretagoyena; y los agentes de la Policía Federal Argentina, Lucas Salomón Benítez, Franco Corcci y Nora Mengarelli.
También estuvieron de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Florencia Labarba; del Grupo de Ayuda a Pacientes Parientes Oncologicos (GAPPO), la presidenta, Graciela Nogal; la voluntaria de Azul Solidario, María Silvina Larraburu; de la Asociación Civil Rinconcito del Carmen, María Garbellini; del Hospital Municipal de Azul, Carlos Carluccio, María de los Ángeles Cucaro y Mayra González; del Patronato de Liberados, Silvina García y Lucas Benítez; la coordinadora del Programa Universidad en la Cárcel de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Analía Umpierrez, y el profesor Luis Scipioni.
A su vez, acompañaron la jornada Ana María Masanelli y Claudio Ángel Irizun, del Hogar Sagrado Corazón de Azul; Mariela Viceconte y Luis Emilio Rodríguez, de la Fiscalía de Azul; el capellán de la Unidad 37 Barker, Néstor Andrés Pérez, junto al diácono, Pablo Fazzi, y a catequistas; y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Luis María Pucci y Javier Segura, entre otros invitados.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -con la firma de los jueces Alejandro Tazza y Bernardo Bibel- confirmó el 1° de septiembre pasado el procesamiento de un sargento primero del Ejército Argentino acusado por abuso sexual simple por hechos cometidos contra tres soldadas voluntarias en instalaciones del Regimiento de Caballería de Tanques 10 de Azul.

La causa se inició en diciembre de 2022 en el fuero penal provincial -hasta la declinación de competencia en el fuero federal- a partir de la denuncia realizada por una soldada voluntaria en la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Azul. En la exposición, la mujer relató que su superior jerárquico la hostigaba y le proponía de manera constante un acercamiento de índole sexual que ella rechazaba. Precisó que, en ese marco, le proponía que se traten con confianza y con distintos tipos de acercamientos. Añadió que, en alguna ocasión, el sujeto le hizo masajes en sus hombros sin que ella lo pidiera: “Relajate, boluda, estás re tensa”, le decía, según quedó asentado en la denuncia. De esa manera, explicó la víctima, el sujeto tomaba nota de la incomodidad que le generaba esa actitud y la reiteración de comentarios de índole sexual.

Según declaró la víctima, su negativa despertó el enojo y las amenazas de su superior, quien comenzó a extender su hostigamiento también a través de mensajes de WhatsApp. El testimonio abrió la posibilidad de que otras dos soldadas también hicieran denuncias.

La investigación estuvo en manos del Ministerio Público Fiscal en Azul, desde donde se solicitaron medidas de investigación y, en ese marco, las otras dos mujeres también instaron la acción penal. Al momento de ser citado a declarar, el acusado se negó haciendo uso de su derecho.

Tras la evaluación del material probatorio, el juez federal Santiago Inchausti dictó el procesamiento del acusado. Esto llevó a la presentación de un recurso de apelación por parte de la defensa ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Al analizar los testimonios de las víctimas, los camaristas sostuvieron que “las alegaciones desarrolladas resultan claras, coherentes y verosímiles, a más que nos permiten conjeturar, con el grado de provisoriedad propio de esta instancia, el modo disvalioso en el que el encartado se dirigía o actuaba con aquellas”.

En esta instancia de revisión, conforme al dictamen de la Fiscalía General a cargo de Daniel Adler con la intervención del auxiliar fiscal Carlos Martínez, el MPF pidió la confirmación de la situación procesal: “El testimonio de las damnificadas, de las profesionales que las asistieron en la Comisaría de la Mujer, acompañados del relato de otros compañeros del regimiento y las capturas de pantalla de mensajes ya borrados por el imputado, dan cuenta de cómo (el acusado) aprovechó el contexto laboral y de superioridad jerárquica y antigüedad dentro de la institución militar para insistir sobre las víctimas, mientras que ellas, pese a su intento por negarse, resultaban coaccionadas por el imputado, quien recurría a frases en las que las amenazaba con perder sus puestos laborales para continuar acosándolas y, en ocasiones, abusando a partir de tocamientos no consentidos”.

Al momento de resolver, la Cámara Federal entendió que debía confirmarse la decisión del juez instructor, aunque introdujo algunas salvedades vinculadas a la calificación legal de los hechos.

Por un lado, en línea con lo resuelto en primera instancia, puso el eje en el testimonio de las víctimas, quienes coincidieron en cuanto a los sucesos denunciados y los modos que tenía el acusado al desempeñarse con personal femenino a su cargo. Y en este sentido, el tribunal revisor entendió que las declaraciones que constan en el expediente de otros dos soldados de la repartición robustecieron esa acusación. A ello sumaron el dato de que el sujeto cuenta con una sanción disciplinaria por una falta grave -vinculada también al trato con subordinados- impuesta por el Estado Mayor del Ejército Argentino.

La Cámara valoró también la resolución de primera instancia respecto a diversas circunstancias que hacen presumir el grado de vulnerabilidad en el que se encontrarían las damnificadas: su condición de mujeres jóvenes recientemente ingresadas al Ejército, el carácter subalterno frente al agresor, el ámbito de ocurrencia del hecho y la circunstancia verificada respecto a que dos de ellas no tendrían vínculos familiares en la zona.

El tribunal sostuvo que que el testimonio de las víctimas es un elemento probatorio central, de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia nacional e internacional vigente en el país. Citó al respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y remarcó que “dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”.

La Cámara evaluó las declaraciones de las víctimas: “Se advierte que las alegaciones desarrolladas resultan claras, coherentes y verosímiles, a más que nos permiten conjeturar, con el grado de provisoriedad propio de esta instancia, el modo disvalioso en el que el encartado se dirigía o actuaba con aquellas, valiéndose principalmente del cargo mayor que ostentaba y su experiencia, ejerciendo su superioridad a los fines de lograr satisfacer sus ánimos libidinosos con los tocamientos y contactos por él propiciados”.

Respecto a la calificación legal, el tribunal entendió que, en atención a la mecánica en la que el abuso sexual simple habría sido llevado a cabo, esa figura subsume por su especialidad a la coacción, normada en el artículo 149 bis del Código Penal, y que el juez de primera instancia había incluido en la calificación. FUENTE: https://www.fiscales.gob.ar/