María José Anaya, la primera mujer que ocupa el cargo de directora de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con una matrícula que en la actualidad tiene un récord de 1.733 personas, afirmó que su nombramiento “es un avance para las mujeres”, a la vez que representa un “desafío y una responsabilidad” en lo institucional.

Anaya, prefecto del escalafón General, de 40 años, es oriunda de Junín, y vive en La Plata desde que inició su carrera profesional.

“Esta designación es un avance para las mujeres después de tantos años. Nombrar por primera vez en la dirección a una mujer tiene un significado social, de reconocimiento a nuestra capacidad, está buenísimo que pase”, dijo a Télam María José, tras ser nombrada el viernes último mediante una resolución en el cargo de directora del Instituto Superior de Formación y Capacitación Penitenciaria N° 6001 “Inspector General Baltasar Armando Iramain”, conocida como Escuela de Cadetes del SPB.

Con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Anaya es la primera mujer en conducir la Escuela, que tiene una matrícula récord de 1.733 alumnos que se preparan como futuros oficiales para cubrir los cargos dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2022-2023.

“En estos años la mujer ha logrado tener lugares que nunca podía acceder. En ese sentido, me pone muy orgullosa saber que me tocó a mí estar al frente de la Escuela”, comentó y opinó que su nombramiento, “puede abrir puertas” ya que es “un avance que tiene que ver con la proyección de la mujer dentro de la fuerza”.

Su historia

 

Anaya está casada, tiene tres hijos y vive en la localidad de Lisandro Olmos. Sus padres son oficiales retirados del SPB y sus dos hermanas también pertenecen a la fuerza, mientras que su esposo es oficial penitenciario y cumple funciones en la Unidad 26 del SPB.

“Mi mamá integró la primera promoción femenina en el año 1979. En esa época era más difícil todo para la mujer, ahora hay abiertos más caminos”, mencionó Anaya al referirse a Liliana Uhalt.

María José ingresó como estudiante a la Escuela de Cadetes en el año 2003 y en 2005 obtuvo la tecnicatura superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario. Al egresar fue la primera mujer en obtener el mayor orden de mérito, hasta ese momento siempre ese logro lo habían obtenido varones.

“En los últimos once años cumplí funciones en la Escuela de Cadetes y he pasado por casi todos los roles: instructora, jefa de la compañía femenina, jefa de sumario, secretaria docente, regente de formación y subdirectora de formación”, recordó. No obstante, confesó que jamás imaginó llegar a dirigir la Escuela.

“Era un camino que a la mujer no se le abría. Para mí es un desafío institucional por ser la primera directora. Frente a la institución, una se siente más responsable, pero yo vengo con un caminito y seguiremos con la impronta de trabajo con la que veníamos”, comentó.

La Escuela de Cadetes del SPB tiene una matrícula de 1.733 alumnos, de los cuales 1.017 son mujeres y 716, hombres, una cifra nunca alcanzada en la historia provincial.

Para Anaya, la idea es “darle impronta y mirada más femenina en el trabajo en general“, aunque reconoció que “los aspirantes vienen mucho más abiertos” y recordó que desde 2017 se dictan las materias Perspectiva de género y Diversidad.

“Recibimos a jóvenes de entre 17 y 24 años que vienen a proyectar un futuro y les damos las herramientas necesarias con la enseñanza de valores y un ejemplo a seguir”, dijo y agregó: “La Escuela de Cadetes transforma a los jóvenes. Los padres nos suelen decir que sus hijos e hijas manifiestan con hechos su crecimiento como personas, y eso a las autoridades nos gratifica”.

Al ser consultada sobre cómo es conducir a más de 1.700 personas, María José dijo a Télam que es “algo hermoso”.

“En la Escuela proyectás funcionarios públicos, nosotros depositamos muchos valores en los futuros oficiales, fomentamos la parte del escuchar al otro, la empatía, y ver que hay otras posibilidades de vidas a través del esfuerzo, sumar valores”, resumió.

La Escuela de Cadetes del SPB tiene en la actualidad una matrícula de 1.733 alumnos, de los cuales 1.017 son mujeres y 716, hombres, una cifra nunca alcanzada en la historia de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que lleva el nombre de “Ley Benjamín”, fue elaborada en conjunto con

ONG dedicadas a la temática como “Mensa” y la familia del niño platense de siete años que obtuvo un fallo del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Plata para continuar sus estudios. En 2020, con tan solo cinco años, Benjamin hizo primero y segundo de manera virtual y aprobó los niveles con puntaje excelente. En 2021, mientras cursaba el tercer grado, la Dirección de Escuelas bonaerense planteó que debía retroceder y volver a segundo. Sus padres llevaron el caso a la justicia. La sentencia del juez Atencio favorable a Benjamin fue ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.

El radical Claudio Frangul afirmó que: “el fallo judicial que le permitió a Benjamín tener su proyecto pedagógico individual y promover a cuarto grado, cambió todo. Con este reconocimiento explícito del Estado de las altas capacidades intelectuales (ACI), ahora tenemos que ajustar la normativa para que la próxima familia que se enfrente a esta situación no tenga que pelearla recurriendo a la justicia”.

El platense Claudio Frangul sostuvo que: “en la actualidad los niños con ACI no son contenidos por el sistema educativo. Cuando uno habla con las familias lo que tienen en común es un gran sufrimiento en lo emocional. La incapacidad del sistema de reconocerlos los lleva a sentirse frustrados. Nosotros decimos basta de nivelar para abajo.

Por eso impulsamos la creación de una dependencia específica en la Dirección General de Escuelas, una ventanilla a la que las familias puedan recurrir para dejar de obligar a sus hijos a encajar porque si; que asuma la responsabilidad de la detección temprana y se encargue de realizar el proyecto pedagógico individual de acuerdo las potencialidades de cada caso”.

El proyecto pedagógico individual ya es de uso habitual para la inclusión escolar de los/as alumnos/as con discapacidad. Frangul explicó: “además de garantizar el derecho del niño o niña a ser oído en el proceso, impulsamos la posibilidad de la promoción parcial de uno o más cursos e incluso la promoción total al grado superior”.

Las altas capacidades intelectuales implican una capacidad excepcional para razonar y aprender en uno o más dominios como matemáticas o lenguaje. Aunque no hay estadísticas definidas, se considera que al menos el 2% de la población tiene un coeficiente intelectual superior a 130, son superdotados, y un 15% tiene altas capacidades. El diputado Frangul agregó que: “es importante destacar que tener un niño o niña con altas capacidades intelectuales no depende de la clase social, puede darse en cualquier contexto familiar”.

El proyecto del diputado radical establece un marco regulatorio para la detección y abordaje integral para niñas, niños y adolescentes de nivel inicial, primario y secundario con altas capacidades intelectuales. Se impulsan programas de capacitación en altas capacidades intelectuales tanto para los docentes activos, como para los espacios de formación docente.

El proyecto incluye sanciones en el caso de incumplimientos por parte de las escuelas y legitima para accionar a los padres o representantes legales en instancia administrativa y ante la justicia. También se estimula la creación de especializaciones de posgrado en la temática en las universidades e institutos terciarios con asiento en la provincia. Las provincias de Jujuy, Chaco y Catamarca ya reconocen por ley las altas capacidades intelectuales y la necesidad de implementar proyectos pedagógicos individuales para garantizar el derecho a la educación

Fuente: LU 32 Radio Olavarría