La Región
Condenaron a tres años de prisión en suspenso a dos policias por “apremios ilegales”
La resolución de este debate se conoció ayer. Desarrollado en un Juzgado Correccional con asiento en el Palacio de Justicia de Azul, incluyó para ambos efectivos de seguridad penas de inhabilitación, las cuales les impiden ejercer cargos públicos durante seis años. El hecho materia de este proceso había ocurrido en Las Flores en febrero de 2017. Los condenados en esta primera instancia golpearon a un joven y sumergieron su cara en un tanque con agua, tras ingresar sin una orden judicial a su casa cuando buscaban el arma que le habían sustraído a una mujer policía.
Aníbal Álvarez, el magistrado que intervino en este juicio oral, también inhabilitó a ambos efectivos de seguridad “para desempeñarse como funcionarios o empleados públicos” por un lapso de seis años.
Los policías condenados en esta primera instancia fueron identificados por fuentes judiciales como Juan Adrián Paulucci y Leopoldo Daniel Núñez. Oriundos de Las Flores y con actuales domicilios en esa vecina ciudad, el primero de los agentes mencionados tiene 43 años de edad y el otro, 44.
El hecho que se tradujo en las condenas para ambos efectivos de seguridad -según se señala en el fallo, “numerarios de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul” que cumplían funciones “en un grupo de avanzada con asiento en la ciudad de Las Flores”- había ocurrido el 23 de febrero de 2017.
Aquel episodio, en esa vecina ciudad ya referida, sucedió en la casa donde el joven que resultara víctima de estos “apremios ilegales” se domicilia, la cual está situada sobre la calle Larralde.
Paulucci y Núñez, a modo de apoyo a personal de la Estación de Policía Comunal, habían ingresado a ese inmueble en busca de un joven llamado Mariano Yamil Caputo.
A la víctima de este hecho, aquel día uno de los ahora condenados en esta primera instancia lo redujo “colocándole los brazos por detrás de la nuca”.
Al mismo tiempo, el otro policía le dio “varias trompadas en la cara, pómulo, oreja y estómago”, provocando que el joven -que padece una discapacidad que le impide hablar normalmente- “sufriera lesiones leves”.
Además, uno de los efectivos encausados, en dos ocasiones “le sumergió su cabeza en un tanque de agua que existía en el lugar”, en busca de que Caputo dijera dónde estaba el arma reglamentaria que le había sido sustraída aquel mismo 23 de febrero de 2017 a una mujer policía.
Ese mismo día en que fuera agredido, el joven recibió asistencia en el hospital y después formuló una denuncia en sede judicial, presentación que se convirtió en el inicio de la investigación penal que ayer derivó en las condenas para ambos policías.
Durante el juicio la víctima declaró en dos oportunidades. Y teniendo en cuenta sus problemas para poder hablar, esos testimonios los brindó asistido. En un principio, con su abuela en calidad de intérprete y de forma presencial. Después, pero de manera virtual por zoom, acompañado por una especialista en lenguaje de señas perteneciente al programa de “Acceso a la justicia para personas con discapacidad (ADAJUS)” que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el relato de Caputo, la agresión que sufriera en su casa fue presenciada por su abuela y por su hermana, mujeres ambas que comparecieron como testigos en este debate cuyo fallo se anunció ayer.
“Respecto a la versión de los funcionarios policiales -indicó ese mismo Juez en otro tramo de lo dispuesto, al analizar lo que dijeron efectivos de seguridad convocados también como testigos a este debate- se advierte en las mismas un claro intento de ‘cerrar filas’ en defensa de sus colegas, evitando así responsabilidades personales, ya que de haber estado presente alguno de ellos al momento de la agresión le sería imputable el no haberlas impedido”.
“Asimismo, tampoco se ha podido explicar cuál era concretamente el motivo por el cual los funcionarios policiales se constituyeron nuevamente en el domicilio de Caputo”, teniendo en cuenta que otros policías ligados a la investigación de este hecho ya habían revisado el inmueble de la víctima horas antes, ocasión durante la cual ese arma que buscaban tampoco fue encontrada.
“Ello permite colegir, como lo señala el Sr. Agente Fiscal, que el objeto era, evidentemente, ‘apurar o apretar’ a Mariano Caputo para que dijera dónde estaba el arma, ya que de otra manera no se explica el inusitado despliegue llevado a cabo por el personal policial”. Algo que, aquel 23 de febrero de 2017, incluyó que al ingresar en la casa de la víctima los efectivos no contaran con orden judicial que habilitara esa diligencia.
Mientras que el Juez que condenó ayer a ambos policías valoró como atenuantes que no registran antecedentes penales; como una agravante de esas penas que les dictó tuvo en cuenta “la gravedad de los vejámenes aplicados a Caputo, fundamentalmente al sumergirle en dos oportunidades la cabeza en un recipiente con agua”.
“Respecto a esta circunstancia, entiendo que al no haberse determinado el tiempo de duración de dichas sumersiones no cabe que se la considere como ‘tortura'”, figura penal que pretendía se aplicara en este caso el representante del Ministerio Público Fiscal que intervino en el juicio oral.
Fuente: Diario EL Tiempo
La Región
Abandonaron una camioneta con cuatro cadáveres electrocutados en el hospital de Bahía Blanca
Según las primeras investigaciones, se trata de los cuerpos de cuatro personas que intentaron robar cables de una línea de media tensión en cercanías de la ciudad, y recibieron una descarga de 33.000 voltios. Además de los muertos, había un herido, que sobrevivió.
A última hora de anoche, una camioneta sorprendió al personal del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Porque en su interior había cuatro cadáveres y un herido, y el conductor trató de huir luego de dejar el vehículo estacionado, aunque fue detenido. Los fallecidos y el herido habían sufrido una descarga eléctrica mientras intentaban robar cables.
Las primeras informaciones, según La Nueva Provincia, aseguran que todos se hallaban robando cables en un campo del kilómetro 57 de la ruta nacional 33 -pasando el paraje García del Río- y sufrieron una descarga eléctrica de 33 mil voltios. El incidente ocurrió después de las 23 del lunes.
En esas circunstancias, las víctimas fueron trasladadas por un sexto hombre a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, patente NUD 310, que quedó estacionada en la puerta del centro asistencial.
“Una descarga descomunal”
Si bien el conductor se dio a la fuga, horas después fue capturado tras un allanamiento en una vivienda de La Pinta 377. El detenido fue identificado como Ángel Daniel Gallardo, de 66 años.
Los fallecidos, según la Policía, eran Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28). También ingresó con quemaduras por descarga Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), pero se encuentra consciente.
Los ladrones recibieron una “descarga eléctrica descomunal”, señalaron desde la empresa distribuidora EDES a La Brújula 24, en referencia a los cables de medita tensión que estaban manipulando.
En el vehículo ocupado por los cuatro fallecidos, a su vez, se secuestró un handy con la frecuencia policial, elemento que ahora está siendo sometido a una investigación.
Perseguida
Al filo de la medianoche, la llegada de la camioneta provocó un revuelo en el Hospital, donde arribaron de inmediato el superintendente de la ciudad, Gonzalo Bezos, el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Federico Montero, y el jefe policial Gonzalo Sandoval.
Se supo que la Amarok venía siendo perseguida por un móvil policial de la Patrulla Rural, que había advertido su presencia sospechosa en un campo de aquel distrito, que ya había sido blanco de delitos similares.
Los policías, al parecer, habrían perdido el rastro de la Amarok al ingresar a Bahía, pero con la ayuda del Centro Único de Monitoreo (CEUM), se pudieron determinar su llegada a la guardia del Municipal.
Para este martes se harán peritajes con el personal de EDES en la zona, ubicada a unos 30 kilómetros de Bahía Blanca. (DIB) MM
Y entonces sabíamos que iba a pasar, que algún día esa suerte de ausencia larga a la que lo había llevado la vejez y el extravío de la enfermedad se iba a convertir en un hueco definitivo. Eso al fin hace la muerte: reduce el último vestigio de lo cognoscible. Pero -y aquí el adversativo funciona a favor- queda el resto, la intensa y perenne memoria de lo que hizo, de lo que dijo (hizo mucho más de lo que dijo), de lo que fue, desde que silenciosamente llegó a la ciudad que lo abrigó.
Ha devuelto largamente esa manta que lo contuvo cuando llegó a Tandil, allá por 1988, cuando empezó a cifrar su sello en la Parroquia de Begoña y el definitivo, en la Parroquia del Santísimo Sacramento, allí donde siempre -rompiendo una tradición católica de más de un siglo- había imperado una visión católica integrista, muy lejos -o en antítesis- al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, del que él participó, surgido en la década del 60.
Secuestrado por la Triple A en plena dictadura militar -estuvo detenido de 1976 a 1981 en La Plata, bajo la órbita del torturador Etchecolaz- un obispo literalmente lo rescató y le salvó la vida. Fue Emilio Bianchi di Cárcano, que le dio cobijo en Azul. Su próximo paso fue Tandil y de aquí no se fue más. Si hay algo tan inobjetable como su labor pastoral fue la intuición que tuvo Raúl Troncoso para entender la matriz idiosincrática de la sociedad lugareña, y vale aquí incorporar el oxímoron ideológico del conservadorismo que hace.
El sacerdote detectó enseguida cómo funcionaba nuestra comunidad y, sobre todo, el círculo de poder. Y actuó en consecuencia: fue el hombre que durante más de treinta años supo hilar con tacto e inteligencia una malla de contención entre los más pobres y los más ricos. Ese puente sólo pudo tenderlo Raúl y está hecho de gestos mínimos, de política, de guiños y sobreentendidos.
El estallido social de 2001 encontró en su figura una suerte de liderazgo ecuménico, silencioso y eficiente para evitar males mayores a la hora de aquellos saqueos que aquí no se produjeron.
Fue el cura que menos habló políticamente en sus sermones pero que más hizo por los que peor estaban. Esta opción -que seguramente le valió algunos reproches de quienes esperaban algo más desde el púlpito- fue el acto más pragmático de su vida: en el púlpito que había sido de Actis y de Mosse, el primero un cura popular visceralmente anticomunista y el segundo un sacerdote abiertamente cerrado y aristocrático- tomó por el atajo del bajo perfil, la apertura de la Iglesia y las obras como prioridad; también de la real politik (el teléfono de Troncoso fue un ícono del poder en los más altos niveles y sus charlas a solas eran memorables) para la construcción de su gran misión a través de la Iglesia, como la labor de Cáritas, las Casas de la Esperanza, y su compromiso con el patrimonio serrano y los derechos humanos.
Por eso mismo nunca dejó de estar donde debía y si hay una imagen que revela este compromiso, fue cuando a principios de los 90 lideró la desoladora marcha de un puñado de personas que pedía justicia por el asesinato de Gilda Mansilla, una doméstica cuyo crimen aún hoy permanece impune. O en lo que tal vez sea la marcha de silencio más dolorosa y terrible que recuerde la historia de Tandil, que sucedió tras la explosión de un horno en Metalúrgica Tandil y la muerte de tres jóvenes trabajadores.
La muerte de Raúl Troncoso, justamente en estos días tan difíciles, no sólo duele por el vacío que abruma, por su pérdida irremediable, y por el largo adiós que acaba de comenzar. Nos duele también, a muchos, porque sin duda hoy estamos un poco más solos que ayer.
