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Info General

ARA San Juan: la familia de un submarinista muerto le ganó juicio a la ART de la Armada y cobrará 7 millones de pesos

Es una gran noticia para todas las familias de los marinos fallecidos en 2017, una de las mayores tragedias navales en tiempos de paz.

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Por Paula Viafora

El abogado de la familia del submarinista jujeño Aníbal Tolaba contó que lograron ganar el juicio que se interpuso a la ART que había contratado la Armada Argentina y deberán indemnizarlos con 7 millones de pesos. Se trata del primer fallo a favor de un tripulante fallecido en el ARA San Juan.

El letrado reveló: “La noticia tiene que ver con que recientemente la Sala 1 del Tribunal de Trabajo hizo lugar a un reclamo que interpusimos en representación de la madre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, que se había interpuesto contra la ART que había contratado la Armada Argentina”.

“Este fallo es muy importante porque es el primer reconocimiento judicial que se realiza a los familiares de víctimas del ARA San Juan y se suma a la ley que concede una reparación económica  a las familias. Hay muchos casos ligándose y es el primero con sentencia”, agregó.  En el término de un mes, las cosas parecen estar mejorando favorablemente para los familiares de las víctimas del submarino desaparecido y hundido el 17 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino, hecho que se cobró la vida de los 44 tripulantes.

Publicada en el Boletín Oficial el 12 de marzo pasado, la ley  27615 expresa en sus 2 primeros artículos: “- Reconócese a los y las familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan el derecho a percibir por única vez un (1) beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar, de conformidad con lo acordado en el artículo 3°, conforme se detalla en el listado que como Anexo forma parte integrante de la presente. El beneficio extraordinario establecido en el artículo anterior tendrá el carácter de indemnización extraordinaria a favor de los y las familiares del personal militar detallado en el citado Anexo, por el siniestro producido en el submarino ARA “San Juan” en ocasión del desarrollo de tareas de vigilancia y control del mar en el límite de la zona económica exclusiva de la República Argentina, del que resultara la desaparición o muerte de la totalidad de la tripulación”. Como las otras leyes reparatorias vigentes en el país, está exenta de gravámenes o tasas en trámites judiciales o administrativos. No necesita tramitarse bajo patrocinio ya que basta con acreditar el vínculo entre los que la ley les confiere el derecho.

Unos días después se conoció la resolución del Consejo General de Guerra, cuerpo formado por el jefe de Estado MayorConjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo, y por el brigadier Pedro Girardi, segundo Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas. Este organismo sólo se activa cuando lo investigado acontece bajo su órbita o cuando, como sucede en este caso, entre los acusados se encuentra personal de alta gradación. Hay que remontarse casi cuarenta años atrás para encontrar uno de semejante envergadura, y es el que juzgó los actos de los comandantes de las fuerzas durante la guerra de Malvinas. Además de las décadas transcurridas, también cambió el marco normativo, ya que por aquel entonces regía un código de justicia militar que podía imponer penas reclusión a los miembros de la fuerza.La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.

La resolución “no vinculante” para la justicia determinó la responsabilidad del comandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo, sancionandolo con 15 días de “arresto riguroso” por “no haber dado cumplimiento a la orden impartida por el Jefe de Estado Mayor General de la Armada (Srur) de no ausentarse de la sede de su Comando juntamente con su Oficial de Operaciones, pese a estar en conocimiento de la avería inicial del submarino ARA San Juan, con el agravante de hacerlo para supervisar actividades de carácter subsidiario en el noreste del país”. Solamente fue sancionado con la “destitución”  por “encontrarlo incurso en la falta disciplinaria gravísima”, al capitán de navío Claudio Villamide, que era quien estaba a cargo del comando de la fuerza de Submarinos. Esta resolución fue agregada  a la causa judicial a cargo de la titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia, Marta Yañez. Si bien los familiares calificaron como insuficientes las medidas tomadas por el Consejo, esperan que la magistrada las tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre los imputados.

Recordemos por último que la nave con 44 tripulantes a bordo, que se hundió a una profundidad de 907 metros, a unos 550 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, el 15 de noviembre de 2017, constituye una de las mayores tragedias navales en tiempos de paz. El buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, descubrió la posición exacta del submarino un año y un dia después de su desaparición, sin embargo los familiares sostienen que el Gobierno de Macri supo la ubicación del submarino 20 días después de la implosión y lo mantuvo en secreto, dando cuenta de la decisión política de dilatar en el tiempo el hallazgo. Con muchas esperanzas puestas en los avances que, esperan, continúen a lo largo del 2021, hacen esfuerzo por seguir manteniendo el tema en los medios de comunicación ya que, a pesar de lo grave e insólito del caso, parece haberse colado tibiamente en la memoria colectiva de los argentinos.

Fuente: Agencia Paco Urondo
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Eduardo Rodríguez participó de la Mesa Provincial del Frente Renovador encabezada por Sergio Massa

Este viernes, el referente olavarriense estuvo en la ciudad de San Fernando donde el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, llamó a “construir soluciones a los problemas y cuidar la unidad”.

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Al mediodía del viernes,  Eduardo Rodriguez participó del almuerzo y  reunión de la Mesa Provincial del Frente Renovador encabezada por Sergio Massa, en la ciudad de San Fernando.

En la oportunidad estuvieron presentes funcionarios nacionales, legisladores, intendentes y referentes del espacio que integran la Mesa Provincial que fueron recibidos por el Jefe Comunal De San Fernando, Juan Andreotti, encargado de dar las palabras de apertura y bienvenida.

Tras ello, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, brindó un pormenorizado informe de la marcha de la actividad legislativa, del Gobierno y un análisis de situación que vive el país, para dar paso a la palabra de Intendentes y legisladores, quienes expusieron la realidad que se vive en los distintos distritos de la provincia.

Luego de más de tres horas de intercambio de ideas, y a modo de síntesis del encuentro, se hizo un llamado a “fortalecer la gestión, construir soluciones a los problemas y cuidar la unidad, como un compromiso asumido por cada uno de los integrantes del espacio que quiere transformar la realidad del país”.

Sobre su participación en el encuentro, Eduardo Rodriguez destacó la oportunidad de compartir la Mesa Provincial del Frente Renovador y de aportar la mirada y las preocupaciones de las vecinas y vecinos de Olavarría.

Acerca del momento que vive el país, Eduardo Rodríguez señaló que “Sergio Massa es un dirigente que interpreta claramente las demandas de la sociedad y que cuenta con una sólida formación en gestión pública y equipos para enfrentar las exigencias actuales”, al tiempo que destacó el rol que Massa cumple tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como hacia el interior del Frente de Todos en pos del diálogo y la búsqueda de consensos.

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“Daiana Abregú no se ahorcó” aseveró la Comisión por la Memoria

Fue luego de conocer el resultado de la reautopsia al cuerpo de la joven, el cual “echa por tierra la hipótesis del suicidio, es decir que la escena fue armada por los funcionarios policiales”.

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Tal como informó Verte durante la jornada de este viernes, se conocieron los resultados de la reautopsia realizada al cuerpo de Daiana Abregú, los cuales indican que no se hallaron signos de ahorcamieto en el cuello de la joven muerta en un calabozo de la Comisaría de Laprida.

La Comisión Provincial por la Memoria, particular damnificada institucional del caso, se pronunció al respecto y difundió un contundente comunicado titulado “Muerte en la comisaría de Laprida: Daiana Abregú no se ahorcó”.

“El informe preliminar de la reautopsia al cuerpo de la joven de 26 años, que se realizó cumpliendo con el protocolo Minnesota, herramienta pericial diseñada para el análisis de muertes bajo custodia estatal, asegura que no se encontraron en el cuello y vías superiores, marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento, desmontando la versión policial de que Daiana se había ahorcado en el calabozo de la comisaría de Laprida. La reautopsia había sido solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), particular damnificado institucional en sus funciones como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y se realizó a pesar de la oposición por parte del fiscal de la causa Ignacio Calonje quien demoró la medida judicial poniendo en riesgo los resultados que, no obstante su accionar, salen a la luz.

El informe preliminar de la reautopsia al cuerpo de Daiana Abregú concluyó que la joven no presentaba lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico. A la espera de los informes finales, este resultado echa por tierra la hipótesis del suicidio, tal como habían sostenido los funcionarios policiales desde el primer momento. Es decir, la escena en que fue hallado su cuerpo fue armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido, confirmando varios indicios obrantes en la causa.

El informe preliminar de la reautopsia del cuerpo de Daiana concluyó: «examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura», además se afirma que «no se constataron lesiones en músculos del cuello… no se constataron alteraciones en laringe. Hueso hioides indemne». La joven murió por un «síndrome general asfíctico»; los estudios complementarios y el informe definitivo deberán demostrar con qué mecanismo se produjo la muerte.

En la madrugada del pasado 5 de junio, Daiana Abregú fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y alojada en los calabozos de la comisaría de Laprida. Horas más tarde, de acuerdo a la versión policial, la joven fue encontrada ahorcada en la celda.

La reautopsia se realizó por pedido de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como Particular Damnificado Institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. A pesar de las enormes irregularidades de la primera autopsia, y de estar al frente de una unidad especializada en delitos de violencia institucional, el fiscal Ignacio Calonje defendió el primer estudio, incompleto y deficiente, oponiéndose durante semanas a la realización de esta nueva autopsia.

La primera autopsia se realizó sin aplicar el protocolo de Minnesota y por lo tanto sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal, tampoco se realizaron radiografías, fotografías completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, además no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que se observaban ya en ese momento. Del resultado de esa autopsia, en la que participó una única perita, se desprendía que Daiana había muerto por un paro cardíaco por asfixia mecánica.

A diferencia de esa diligencia, la reautopsia se realizó siguiendo el protocolo de Minnesota, en la Asesoría Pericial de La Plata, y con un cuerpo de peritos todos médicos forenses: Dres. Maria Andrea Noms, Ruben Neme y Claudia Becerra. También con la participación del perito de parte de la CPM, Mariano Salgado.

A la espera de los estudios complementarios, la información que aportó esta segunda autopsia significa un avance sustancial para la investigación y la búsqueda de la verdad y la justicia.

Este resultado y otras pruebas que constan en el expediente obligan a profundizar la hipótesis del homicidio y la responsabilidad de los funcionarios policiales que fraguaron la escena de la muerte.

Tampoco puede haber demoras injustificadas en la investigación, las maniobras dilatorias del fiscal Calonje para la realización de la segunda autopsia pusieron en grave riesgo la producción de esta prueba. La adecuada intervención del Fiscal General del departamental judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino, recomendando su realización, permitió avanzar con esta medida de prueba. Este hecho confirma también que es indispensable que el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, cumpla con la ley provincial que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, nombrando funcionarios judiciales calificados y comprometidos con una perspectiva de derechos humanos, que intervengan de manera diligente y urgente frente a estos graves delitos cometidos por los funcionarios policiales”.

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 Farmacias de turno en Olavarría Facultad de Derecho