La misma comenzó pasadas las 9:10 en el recinto de la Sociedad Española. Hubo varios cruces relacionados con la pertenencia partidaria de los bloques mayoritarios y como tratan de apoyar o no proyectos, teniendo en cuenta este tema. Mientras el oficialismo local no apoya las críticas del Frente de Todos, éstos no votan proyectos con cuestionamientos a la Provincia, según cruzan las acusaciones.

Solo con la ausencia de Martín Lastape de la UCR, y con la prensa ubicada esta vez en el acceso al recinto, la concejal Almada pidió ingresar al orden del día un proyecto, cosa que fue aceptada por el cuerpo.

El primer proyecto tratado fue el repudio al dictamen del fiscal Rivarola, de Chubut, que fue pensado entre todas las concejales que conforman la comisión de género. Lo introdujo la concejal Almada, que recordó que el hecho se conoció por la falta de perspectiva de género y, con ello, la evidente falta de aplicación de la Ley Micaela. Destacó que Rivarola fue formado hasta su adolescencia en Olavarría. El concejal Aramburu reafirmó lo dicho por Almada y sumó que causó una grata sorpresa que el juez no acepte los dichos del fiscal, aunque confió que debe haber sucedido por lo público que fue el tema.

Landívar defendió un pedido de informes acerca de las obras en la Escuela 50 y el Jardín 930, que están paradas. En el caso de la escuela se ejecutó un 10 y debería estar en un 25%, explicó. El jardín también tiene una obra importante que está suspendida y no se ha ejecutado en un 80%, afirmó. La concejal Salerno, respondió que acompañarán el pedido de informes, pero aclaran que las obras fueron suspendidas por decreto (el de la emergencia) y los materiales se retiraron por prevención. Las mismas se habían iniciado en marzo y tienen un 11 y un 6,35% respectivamente de avance. Volverán cuando retorne la normalidad, agregó. El pedido fue aprobado por unanimidad.

El siguiente proyecto, aclaró Almada, fue redactado en Junio. Solicita la aplicación de la Ley de Fertilidad Asistida. Hace un repaso de declaraciones del Dr. Foderé a El Popular, donde revela que en marzo  se cerró el consultorio que atendía en el Hospital y el médico tuvo que concluir algunos tratamientos en su consultorio privado. Más allá de eso, la concejal pidió tener en cuenta que hay muchas familias de bajos recursos que necesitan del mismo para procrear y que hay una ley nacional en la que ampararse. El concejal Marinangeli fue el que respondió, explicando que la Secretaría de Salud decidió cortar con procedimientos programados, como el de Fertilización. Señaló que hubo una baja demanda, ya que se han dado tres consultas por mes. Aclaró que no van acompañar el proyecto, porque el mismo Fodere reconoció que la suspensión se da por la pandemia. Almada reiteró que el profesional admitió que el consultorio fue cerrado en diciembre y descartó que el que haya dos o tres parejas por mes no exime al Hospital de seguir prestando el servicio. El proyecto fue rechazado con el voto negativo de Juntos Por El Cambio.

Rodríguez presentó el proyecto que se ponga en vigencia otra ley nacional, la de empleo de personas con discapacidad. Se lo solicitan a la Nación y a la Provincia, a pedido de los Talleres Protegidos de Olavarría, Juntos por Vos y Crecer Juntos. La concejal Amespil se sorprendió por no haber sido convocada a recibir a los referentes de los Talleres y que se ha perdido la chance de hacer algo juntos. Pensó que solicitar la plena vigencia de una ley del 2013 es redundante, explicó que se pide la aplicación del artículo 26 de la norma. Por eso piden una modificación en el proyecto y que los talleres locales sean catalogados como de Producción, para poder acceder a las prestaciones. Rodríguez afirmó que es bienvenida la posibilidad de trabajar juntos y que, con otras palabras, están pidiendo lo mismo. El proyecto de comunicación fue aprobado por unanimidad, con las modificaciones propuestas.

Santellán presentó el beneplácito por que el país adhiera al convenio 190 de la OIT, que busca erradicar la violencia de género en el trabajo. La resolución fue aprobada por unanimidad.

El concejal García se refirió a la siguiente resolución que pide endurecer controles de tránsito en la zona de Junín del Del Valle a Pueyrredón, por la velocidad en que se mueven las motos en esa arteria. Lascano respondió que pedirán que el proyecto pase a comisión. Fue aprobado esto último.

Landívar introdujo la preocupación por el estado del consultorio inclusivo y de las trabajadoras que en él se desarrollan. La edila reconoció que las disidencias sexuales siempre han tenido problemas para acceder a las prestaciones de salud y también en lo que tiene que ver con las necesidades específicas de esta población. Señaló que las profesionales que trabajan allí no lo hacen con una designación especial, sino con horas extras, como se dejaron de pagar las horas extras, solo está atendiéndolo la licenciada Silvia Rodríguez que, le consta, solamente puede atender el teléfono, argumentó la concejal. Se pierde la esencia del consultorio, que debe ser multidisciplinario. La concejal Almada relacionó esto con el tratamiento que se está dando de la emergencia en Violencia de Género en la comisión. Destacó a la profesional, pero afirmó que no ha respondido a la convocatoria que le han hecho desde la comisión. Agregó que las disidencias, por estos días, no sabían dónde retirar la medicación correspondiente, atenderse y demás. Reiteró que este grupo vulnerable padece mucho la situación de la pandemia y el aislamiento. Landívar nuevamente tomó la palabra para que quede claro dónde ajusta el gobierno municipal: salud y cultura. El proyecto fue rechazado por el voto negativo de Juntos por el Cambio, pasó a archivo.

La preocupación por el no pago del premio anual por presentismo a los empleados municipales fue presentada por Guillermo Santellán. La resolución fue rechazada por la mayoría de Juntos por el Cambio.

Luego de un cuarto intermedio, el concejal Aramburu justificó el proyecto que expresa beneplácito a la intervención de Vicentin por parte del Presidente. El edil reconoció que el proyecto generó revuelo, pero que estuvo azuzado por las grandes corporaciones. Aramburu mencionó que hay una parte invisibilizada en todo esto que son los miles de trabajadores que están esperando decisiones de la Justicia que no llega, mientras los cuadros gerenciales vacían este tipo de empresas. Consideró que está muy lejos de la realidad que hoy sea Vicentin y mañana se expropien campos. Destacó el papel estratégico de la cerealera en las exportaciones argentinas. La concejal Arouxet coincide con que el objetivo primordial es mantener el trabajo, no están de acuerdo con los motivo expresados en el decreto. Afirmó que el concurso preventivo en marcha cumple con esa finalidad. El DNU también pone a la intervención y expropiación como único camino, y es falso, ya que el concurso prevé nombrar a un interventor. También es inconsistente que se piense intervenir para investigar qué se hizo con los fondos, dijo la concejal. Calificó como ilegal el proyecto de expropiación, que áun no se presentó. Creen que hay otras alternativas, como el presentado por diputados de Juntos Por el Cambio. Luego de una feroz crítica a la idea y plantear el miedo por el próximo sector al que el gobierno pondrá en la mira, afirmó que presentan un proyecto alternativo donde manifiestan la preocupación por la intervención.
Aramburu afirmó que no sería un proyecto alternativo, sino un proyecto totalmente distinto. Discutieron con el presidente por unos segundos por eso y respondió las críticas realizadas por la concejal preopinante.
La concejal Landívar afirmó entender las intenciones de Arouxet y adelantó que no se van a poner de acuerdo por las diferencias ideológicas. Sobre todo, dijo, por el miedo que tienen a que se avasalle la propiedad privada, cosa que ponen sobre el tapete todo el tiempo. Luego realizó una justificación basada en la cuestión de la declaración de utilidad pública.
García, del mismo bloque, aclaró que Vicentin es un complejo industrial y no una empresa que realiza una sola actividad. El concurso, dijo, es muy beneficiario para el deudor, o sea, Vicentin. Para él, estas empresas han perdido la confianza, que es por lo que el productor deja los granos en una cerealera.
Amespil dijo estar sorprendida por escuchar que nunca se podrían poner de acuerdo porque es una cuestión ideológica, cuando ellos están defendiendo la división de poderes, ya que el presidente se arroga facultades que no le corresponden, porque interviene por DNU. Leyó el artículo de la CN que regula la expropiación de un bien.
El concejal Lescano se mostró de acuerdo en que todos están de acuerdo en que los recursos estratégicos deben estar en manos argentinas, pero ellos no comparten la herramienta de la expropiación para llegar a esto. Tampoco se mostró de acuerdo en que la expropiación se mezcle con el tema de los mercados y las divisas. Descartó que también pueda haber relación también con la soberanía alimentaria y realizó un repaso por las expropiaciones de YPF y Aerolíneas.
El concejal Sánchez ahondó en las diferencias que hay entre las bancas. Resaltó que Vicentin debe en Olavarría a una empresa unos 70 millones de pesos.
El intercambio se extendió unos minutos más, hasta que el presidente del cuerpo, dispuso un cuarto intermedio para definir que hacer con la intención oficial de modificar el proyecto.

Santellán fue crítico y se preguntó qué defienden cuando defienden a Vicentin. Esto lo dijo tras expresar que sintió un ataque a Perón, como si Perón hubiese fundido Vicentin.
La concejal Arouxet se defendió diciendo que todos vienen de abajo. El proyecto fue rechazado por la mayoría de Juntos por el Cambio.

A continuación trataron el proyecto que expresa preocupación por la intervención de Vicentín. El mismo salió aprobado por la mayoría de Juntos por el Cambio.

La concejal De Bellis introdujo el pedido de informes sobre la actuación del Servicio Local, gestionado por el Municipio. Expresó que como hubo modificaciones, según los comunicado por la pandemia, quiere conocer cuántas asistencias han realizado y cómo. Con cuántos trabajadores. Que se informe también las acciones conjuntas con el Juzgado de Familia 1. La concejal Landívar pidió incorporar algunos puntos que vienen desde el ámbito educativo. Entre ellos, si están realizando audiencias, si han logrado acuerdos. También si abordan procesos de revinculación. Cuáles son los recursos económicos con los que cuenta el Servicio. Cuantas becas y programas de capacitación convocan. La moción de incorporación fue aprobada por unanimidad. La concejal Amespil añadió que se pueden presentar cosas y ponerse de acuerdo. Van a acompañar el pedido de informes, pero adelanta que quiere llevar claridad sobre temas sensibles. La guardia, dijo, siguió funcionando las 24 horas, sin sobresaltos. También se elaboraron protocolos para cuando los abordajes deben ser personales. Actualmente se llevan 127 intervenciones. Con el poder judicial implementaron un token, lo que garantiza la rapidez de las presentaciones. El funcionamiento del Servicio, aclaró, se fue adaptando a lo que han sido las diferentes fases por las que transitó el distrito. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

Salerno presentó la resolución que manifiesta preocupación por la baja en los dispositivos de aprendizaje de la DGCYE provincial. Señaló que la pandemia complica la relación estudiante/docente. Reveló que se recibieron 800 cuadernillos, cuando se necesitarían 2000, para los chicos que no tienen conexión. De un total de 8000 de matricula. Calificó como alarmante que se retiren dispositivos de chicos, para que una secretaría tenga internet. Manifestó que las clases virtuales se dan porque los docentes se pagan internet. Inés Creimer respondió que coincide en el reconocimiento al rol docente, más allá de la pandemia. Sostuvo que además de educar, la escuela también alimenta, atiende dificultades de aprendizaje y derechos vulnerados. La concejal señaló que han tenido distintos canales de comunicación, porque la información que tienen es otra. Por lo que ellos saben, los cuadernillos llegaron y hasta había un excedente de material que está en Jefatura. Además, conocen la voluntad de docentes que siempre llevan material al aula y han preparado material analógico para estas ocasiones. Mencionó que no han recibido preocupación, en el Barrio Dorrego por ejemplo por la continuidad pedagógica, sino porque no tenían alimentos. Reconoció que no todos los chicos tienen dispositivos tecnológicos, pero también, dijo que el Conectar Igualdad fue discontinuado. La concejal Salerno reconoció que hay cuadernillos en Jefatura, pero no de Secundaria. Agregó que no es tema que tengan o no para comer, que ya se sabe que eso tiene que estar garantizado. Luego, levantando el tono, afirmó que hay docentes que no tienen computadoras y que hay celulares que se repartieron en la región XXV, y que debían ser para Olavarría. Landívar repasó programas desactivados en el macrismo que podrían usarse en esta época pero, mas allá de eso, afirmó que se ha podido montar en seis meses una cantidad importante de acciones que ayudan. El concejal Rodríguez agregó al debate la cuestión de las escuelas artísticas municipales. Se preguntó cuál fue el proyecto local para generar dispositivos para esas instituciones. Cuestionó que los maternales estén cerrados porque el personal ha sido reubicado en los servicios de salud y pidió saber cuáles son los dispositivos generados para los chicos de 45 días o mas. Salerno realizó aclaraciones respecto a la carga de datos de algunas secciones y afirmó que acompañarán la moción de Rodríguez. Almada pidió el pase a comisión, cosa que fue rechazada por Juntos por el Cambio. El proyecto fue aprobado con el voto del oficialismo local.

Endere reflexionó que le resulta llamativo que desde la oposición se haya pedido incorporar las incógnitas planteadas por Rodríguez y que luego no hayan acompañado la resolución. Afirmó que si ellos consideran que hay que criticar al municipio o solicitarle algo, lo hacen, no así como la oposición, que no quiso acompañar la resolución que critica el manejo de la situación por parte de la Provincia. Rodríguez respondió que cuando solicitó la incorporación de la moción, ya había aclarado que no iban a acompañar la resolución. Recordó que en esta misma sesión le pidieron a la Nación la aplicación de una ley que beneficia a los Talleres Protegidos.

Salerno introdujo el siguiente proyecto acerca de la continuidad de programas socieducativos que complementan a la educación formal. Repasó las estadísticas provinciales de 2017 a la fecha. Afirmó que quedan a la deriva más de 50 mil chicos en toda la provincia de Buenos Aires, con la no continuidad de los mismos. Agregó que desde diciembre los proyectos no tienen directivas para continuar. En Olavarría hay seis sedes y es necesario que se repongan, contando con las medidas necesarias en pandemia. La concejal Creimer aclaró que en Olavarría ya no había referente de políticas socioeducativas distrital. Explicó que hacen un acompañamiento y una colaboración, importantes, pero que es presencial, por lo que es difícil que puedan darse en esta época, pese a eso, algunos pudieron continuar. Landívar mencionó algunas de las políticas socieducativas y se preguntó cómo hacerlas, cuando son presenciales. Salerno diferenció la situación de los coordinadores, que son puestos políticos, del resto. Afirmó que podrían bajar directivas a los talleristas para apoyar las estrategias educativas actuales. El proyecto fue aprobado por la mayoría de Juntos por el Cambio.

La concejal Amespil presentó la preocupación por el proyecto que suspende las Sociedades por Acciones Simplificadas. Afirmó que si se han constituido sociedades para fines non sanctos, deberían ser controladas por el Estado, no acabar con la ley que también habilitó emprendimientos productivos. García reconoció que esto fue creado en el 2016 y afirmó que no se puede generalizar que todos lo que lo han usado, lo han usado mal, pero si hay que entender que las estructuras creadas si pueden usarse para eso. Consideró que no habría que quitar controles a las sociedades en general, sino sumar controles a los que ya existen. El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista.

El titular de Juntos por el Cambio, Endere, presentó la declaración de interés del programa Boxeo Sin Cadenas, que se desarrolla en las Unidades Penitenciarias. Almada pidió abstenerse, entre otras cuestiones, por el poco interés que el cuerpo ha mostrado por los internos penitenciarios y el deplorable estado por el que vienen pasando desde hace años, hacinados y con enfermedades que están desaparecidas afuera de las cárceles. La declaración fue aprobada por unanimidad.

Tras un nuevo cuarto intermedio y ya cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde, se reinició con un bloque de 5 proyectos de resolución e informes, presentados por el Frente de Todos, sobre el tema salud a nivel municipal. El concejal Sánchez se solidarizó con fallecidos, enfermos y realizó un repaso de lo actuado por la fuerza, además de haberse puesto a disposición de la Comuna. Agregó que acompañarán todas las medidas del intendente Galli para proteger la salud, pero nunca dejarán de emitir criticas y hacer recomendaciones sobre cuestiones perfectibles, que se pueden mejorar. Adelantó que se vienen semanas más complicadas, pero consideró que se podrá salir juntas y juntos, haciéndonos cargo de las actitudes individuales, dijo. Juntos por el Cambio no opinó, y se aprobaron pedidos de informe sobre la capacidad instalada de salud en Olavarría y las características del test para detectar COVID. Rechazaron proyectos que indagaban sobre la declaración de zona libre de virus, filtración de datos de pacientes y uno que mostraba preocupación  sobre el ingreso de trabajadores de otras ciudades a trabajar.

El concejal Rodríguez pidió algún tipo de definición de por qué se rechazaban y si había algún tipo de sumario interno. El concejal Lescano respondió que el motivo era porque hubo un zoom con el Secretario de Salud que ha respondido esas inquietudes, más allá de las declaraciones públicas y denuncia que hizo el intendente, aunque reconoció que no sabe si hay algún tipo de sumario en marcha.

La concejal Landívar expuso acerca de un pedido de vecinos presentado por su bloque donde solicitan la limpieza y mantenimiento del zanjón de Colón y La Rioja y la concejal Creimer presentó un proyecto donde se solicitan ciertas medidas de seguridad para un correcto funcionamiento de la Biblioteca Del Otro Lado del Árbol. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad.

Por último, se trataron dos proyectos de pedidos de informes relacionados con controles de precios y precios máximos, presentados por el Frente de Todos y Cuidemos Olavarría. La concejal Krivochen adelantó el acompañamiento y repasó algunos puntos de los controles realizados. Agregó que la Provincia se reserva para sí el juzgamiento de las actas que los funcionarios levanten, ya que los trabajadores de Defensa del Consumidor están dispensados. La concejal mencionó que han hallado comercios con sobreprecios, pero desde la Provincia no se han remitido las decisiones pertinentes, por eso solicitó agregar un ítem al pedido de informes donde se le solicita a Provincia informar los expedientes enviados desde Olavarría, fue aprobado por unanimidad, al igual que el proyecto.

Por último, la concejal Almada justificó el proyecto donde destaca la figura del General Manuel Belgrano, a horas de llegar a los 200 años de su paso a la inmortalidad. El proyecto fue aprobado por unanimidad, dando por finalizada la sesión cerca de las 16 horas.

FUENTE: LU 32 Radio Olavarría