La irrupción de la Pandemia por Coronavirus ha trastocado irremediablemente la normalidad de las cosas. La Salud Pública es la prioridad y celebramos que así lo hayan entendido las Autoridades Gubernamentales. Es comprensible que las abruptas -y necesarias- medidas sanitarias dispuestas por los Gobiernos, Nacional y Provincial hayan alterado aquella normalidad de la que no podía escapar el servicio de justicia. Los resultados del aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro país son incuestionables en términos sanitarios, y también son para destacar.- 

Es comprensible, también, que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires –SCBA-, mediante Resol. 386/2020 haya dispuesto la suspensión de plazos y del servicio de justicia en toda la Provincia, con ciertas excepciones, hasta el 31/03/2020. Una medida prudente y oportuna que, por la excepcionalidad de la urgencia, no ha sido cuestionada.

Posteriormente el Tribunal Máximo de la provincia extendió hasta el 12 de abril inclusive, mediante la Resolución de Presidencia Nº 14/2020 de fecha 30 de marzo de 2020, pudiendo comprender que el COVID-19 sorprendió atodos los sectores, pero vencido dicho plazo nuevamente y mediante Resolución de Presidencia Nº 18/2020 prorrogó las medidas dispuestas por Resolución Nº 386/2020 hasta el 26 de abril inclusive, para hacerlo nuevamente por Resolución Nº 480/2020 hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive y seguidamente por Resolución Nº 25/2020 hasta el 24 de mayo inclusive. 

Ahora bien, transcurrido aquel primer y segundo período (desde el 16 de marzo al 12 de abril), pensando que fue un tiempo más que suficiente, aunque podría considerarse excesivo, la SCBA, como máxima autoridad del Poder Judicial de la PBA, debió haber arbitrado todos los medios y sustanciar todas las gestiones que fuesen necesarias para reestablecer el pleno funcionamiento del servicio de justicia, sin descuidar la estricta aplicación de protocolos sanitarios, en vez de recaer en las sistemáticas y automáticas prórrogas de suspensiones de los plazos, es decir, en concreto, la suspensión del pleno y fundamental 

SERVICIO DE JUSTICIA.-  

Transcurrido esos periodos, prudenciales, es inconcebible que la Justicia se considere a sí misma NO ESENCIAL. En razón de la forma Republicana de Gobierno receptada por la Constitución Nacional y Provincial, en tanto la existencia de división Poderes, el carácter esencial del SERVICIO DE JUSTICIAdebió –y debe- ser declarado por el Poder Judicial y no por el Poder Ejecutivo. Es por ello que la responsabilidad de no haber declarado esencial el SERVICIO DE JUSTICIAes exclusiva de la S.C.B.A.. La Justicia, a pesar de la anormalidad que atravesamos como sociedad por efectos de la Pandemia, debe funcionar plenamente.-

El Poder Judicial tiene –o debería tener ya- todas las herramientas informáticas y tecnológicas que permitan la sustanciación de procesos electrónicos en todos los fueros y materias, adoptando las medidas y/o mecanismos de excepción que fueren necesarios para garantizar, inclusive, las instancias procesales que requieran actividad presencial a la fecha. Todas/os las/os Magistradas/os y Funcionarias/os cuentan –o deberían contar- con dichas herramientas que permitan su labor jurisdiccional plena, también con el espíritu suficiente como para desempeñar su rol aún en tiempos de Pandemia. Las soluciones que involucren al personal de planta son de exclusiva competencia de la S.C.B.A. y ajenas a esta Institución que representa a la Abogacía. –

En aquel sentido, y desde el año 2017, los abogados y abogadas hemos adaptado nuestra actividad profesional a las exigencias de la S.C.B.A. en el marco del proceso de digitalización de la Justicia. Ello trajo aparejado la obligatoriedad de adquirir no solo el token sino también las demás herramientas y dispositivos tecnológicos y electrónicos complementarios para la readecuación del ejercicio profesional (token, digitalizadores, scanners, software, hardware, entre tantas otras cosas). En fin, hemos asumido todos y cada uno de los gastos e inversiones que requirieron las disposiciones de la S.C.B.A. para ejercer la profesión en forma electrónica, más allá del desaguisado y la incertidumbre que provoca la convivencia del formato electrónico y el formato papel, sin entrar a detallar las barreras que desde Órganos Judiciales se han impuesto para impedir, o al menos demorar, la plena vigencia de un proceso completamente electrónico mucho antes de ahora, lo que hubiera evitado la actual situación. 

En cambio, el Comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires del 18/04/2020, deja en evidencia un sinnúmero de inconsistencias y deficiencias de las que adolece el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (verbigracia: insuficientes equipos informáticos y tecnológicos, deficiente servicio de internet, falta de capacitación, entre otros) lo que expone, por un lado la ausencia de planificación y previsibilidad del Poder Judicial y, por el otro, un público reclamo de Magistradas/os que incluso resulta extemporáneo, ya que admite que los mismos resultan de larga data y, en ese caso, las responsabilidades pasan a ser compartidas. 

Habiendo transcurrido casi 60 días en contexto de excepción, período en el cual se ha avanzado en el control de la curva de contagios por COVID-19, y siendo que el pasado 27 de abril se ha ingresado en la etapa de cuarentena segmentada, el Estado de Derecho y el Sistema Republicano requieren imperiosamente que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de manera URGENTE DISPONGA EL RESTABLECIMIENTO PLENO DEL SERVICIO DE JUSTICIA EN TODOS LOS FUEROS Y MATERIASen favor de los bonaerenses. Para ello deberán adoptarse las medidas y/o mecanismos de excepción que fueren necesarios para garantizar, inclusive, las instancias procesales que requieran actividad presencial,bajo estrictas medidas de prevención sanitaria que deberá disponer la misma S.C.B.A.- 

Al efecto, consideramos NECESARIO y URGENTE se dicten las Resoluciones y Acordadas que pongan en funcionamiento el SERVICIO DE JUSTICIA, simplificando los procesos electrónicos y/o digitales de modo de dotarlo del dinamismo y certeza que el contexto histórico requiere, al tiempo y asimismo se eliminen todas aquellas cargas que estén en la órbita de competencia de esa S.C.B.A. que a la fecha demandan una innecesaria concurrencia presencial a la sede de los Organismos Judiciales para dar cumplimiento con exigencias superfluas, acelerándose la completa tramitación electrónica de todos los procesos.

Sumado a todo esto, se arbitren todos los medios necesarios urgentemente (informáticos y protocolos de prevención y sanitarias), para permitir iniciar causas judiciales en general, no existiendo fundamento alguno para mantener lo dispuesto en solo inicio de causas urgentes y/o que prescriben, llevando casi 60 días sin poder iniciar procesos judiciales, en pos de reclamar los derechos de las/os ciudadanas/os; como así también el pleno funcionamiento de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, garantizando la salud por sobre todas las cosas, permitiendo que los procesos avancen, más allá de la implementación de todas las herramientas informáticas para notificar.- 

Finalmente, es oportuna la ocasión para ejercer el rol gremial con el que concebimos la conducción de la Colegiatura Departamental en función de lo cual exigimos el inmediato y pleno restablecimiento del SERVICIO DE JUSTICIAque permita el ejercicio de la profesión de las/os matriculadas/os. En ese sentido es dable destacar que, como consecuencia de lo reseñado en párrafos precedentes, los abogados y abogadas hemos sufrido una grave lesión a nuestro derecho a trabajar con el consiguiente deterioro sustancial y extremo de nuestros ingresos, período en el cual la mismísima S.C.B.A. mediante las Acordadas 3972 y 3973 del 15/04/2020 dio cuenta del aumento de haberes para las/os Magistradas/os, todo en el mismo contexto de excepción. En definitiva, las Abogadas y los Abogados en tiempo de Pandemia no hemos podido trabajar por las limitaciones del aislamiento preventivo social y obligatorio y el asueto, ambos decretados oportunamente, y eso se vio reflejado directamente en detrimento de los honorarios de los profesionales.  

En definitiva, por los fundamentos y consideraciones expuestas, creemos que no existe fundamento alguno para que no se brinde el SERVICIO DE JUSTICIADE FORMA PLENA EN TODOS LOS FUEROS, con el funcionamiento debido de la Receptoría de Expedientes Virtual y las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, bajo estrictas medidas de prevención y seguridad sanitaria.-