El juez de Olavarría, Carlos Villamarín, rechazó hoy un pedido de la fiscal Susana Alonso de prohibir la salida del país y embargarles las cuentas a los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, los productores de En Vivo S.A., la responsable del recital de Carlos El Indio Solari, donde hubo dos personas muertas y decenas terminaron heridas e intoxicadas.

Fuentes del caso confirmaron a Clarín que la medida fue adoptada hoy por el magistrado, ante el requerimiento que hizo la fiscal con el objetivo de evitar un entorpecimiento de la investigación o de las consecuencias legales y patrimoniales que podría tener ambos empresarios por “los daños y lesiones” que sufrieron los espectadores del show del sábado pasado.

Los informantes precisaron que ambos pedidos fueron rechazados por Villamarín -un magistrado que asumió en el año 2008 en Olavarría, tras pasar por los tribunales del partido bonaerense de Quilmes- por considerar que no había “verosimilitud del derecho”, como tampoco riesgo para la marcha de la causa.

La fiscal Alonso había apurado el ritmo de la investigación en las últimas horas, tras recibir una gran cantidad de pruebas, testimonios y documentos sobre la noche del descontrol en Olavarría, antes, durante y después del último recital de Carlos El Indio Solari. Si bien no modificó la carátula del caso, que se mantiene como “averiguación de causales de muerte” desde el mismo domingo, avanzó con el pedido de embargo y de prohibición de salida del país, que fue desactivado por el juez esta misma tarde.

Además, Fernando Burlando se constituyó como abogado de las familias de Javier León (36) y Juan Francisco Bulacio (42), las dos personas que murieron y cuya causa de deceso siguen sin ser confirmada, pese a que desde el martes están los resultados de las pericias toxicológicas, que dieron gran presencia de estupefacientes y alcohol en sus cuerpos.

De todos, el punto más crítico que aún falta de dilucidar es cuál es la acusación que pesará, por ahora, sobre los dos únicos “sospechosos” que tiene el caso, que son los hermanos Peuscovich. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Cambiemos), declaró como testigo y si bien está bajo investigación la falta de medidas de control y asistencia a cargo de la Municipalidad, su situación procesal no cambió.

Tampoco, por ahora, la del El Indio Solari, aunque la fiscal Alonso puso a un perito contable y pidió información sobre la estructura societaria de En Vivo S.A. para determinar si existe algún tipo de nexo en la titularidad de la productora que desde hace 10 años le organiza los megarrecitales al cantautor. De hecho, la Inspección General de Justicia puso a la sociedad bajo monitoreo permanente.

En las últimas horas, la fiscal Alonso también recibió imágenes de drones que filmaron la noche del recital y que podrían servir para calcular la cantidad de gente que ingresó al predio de La Colmena, donde cantó el fundador de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. “Las imágenes que tenían hasta ahora estaban demasiado saturadas y no permitían hacer un cálculo exacto”, aclararon los informantes.

Otro punto relevante que sigue Alonso -que trabaja junto al fiscal de Azul Chirstian Urlezaga, recientemente incorporado al caso con autorización del fiscal general Marcelo Sobrino- es el testimonio de personal de seguridad del recital, debido a que habría existido una orden para liberar el ingreso y egreso al show.

Traspié para una causa complicada
“Pusieron la pelota del lado del juez, pero vino de vuelta”, resumía en diálogo con Clarín una fuente del caso que pidió reserva y admitió que en Olavarría no sólo no estaban preparados para recibir la inmensa marea humana convocada por El Indio Solari, ni para asumir una investigación del volumen que tiene la del día después del recital.

La decisión del Villamarín le agregó un nuevo capítulo al complejo proceso que se desarrolla en la fiscalía de Alonso, donde se acumulan día a día más pruebas, testimonios, videos, fotos y documentos que generan, a la vez, distintas líneas de trabajo simultáneas. Desde la responsabilidad de Solari y los productores como organizadores, a la del Municipio de Olavarría por la falta de controles y de asistencia a las víctimas y del polémico convenio para ser “fiador” del megashow ricotero.

De hecho, recién el jueves se pudo designar a la médica legista -una profesional oriunda de Junín- que será la responsable de decir de qué murieron León y Bulacio. Sin esa definición, la causa continúa con una carátula provisoria y no puede definirse si los empresarios Peuscovich son acusados por las muertes, además de las lesiones, los daños y el peligro a los que estuvieron sometidos los asistentes al evento.

De ahí que, en las últimas horas, fuera enviado otro fiscal para colaborar y compartir las tareas de recolección de pruebas y testimoniales y establecer una línea de investigación.

“Ni la causa, que fue el recital, ni sus consecuencias. Olavarría no estaba preparado para esto”, concluye uno de los voceros.

Nota publicada por el diario Clarín