La solicitud será presentada ante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y ante el ENARGAS. Mediante dicho pedido se requiere la ampliación de las categorías de beneficiarios en la Tarifa Social y además la aplicación de la misma a clubes de barrio, asociaciones de jubilados y otras entidades de bien público del partido de Olavarría.

El intendente Ezequiel Galli realizará gestiones ante el Ministerio de Energía y Minería de Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para solicitar la ampliación de las categorías de beneficiarios incluidos dentro de la categoría “Tarifa Social”, y además la aplicación de la misma a clubes de barrio, asociaciones de jubilados y otras entidades de bien público que desarrollan actividades comunitarias del partido de Olavarría.

El Municipio del Partido de Olavarría requiere, a través de esta solicitud, la ampliación de los rubros de beneficiarios de Tarifa Social, a las personas con problemas respiratorios trabajadores informales, y monotributistas categoría B, así como también los titulares de único motovehículo con más de 15 años de antigüedad, cuyo valor fiscal no supere el monto de $10.000.

En el marco de la normativa nacional y provincial, en relación a la defensa de los derechos de los consumidores, los fundamentos señalados para dicha recategorización, se basan en las características climáticas de nuestra zona que -según lo indicado en informes técnicos- el centro de la provincia de Buenos Aires debe ser comparado con la zona sur de La Pampa y La Patagonia.

De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Metereológico Nacional, en la ciudad de Olavarría se registran picos mínimos de temperatura de -8ºC, con un promedio de heladas de 53 días en el año. Asimismo, el promedio de días sin sol (cielo cubierto) es de 106 anuales.

En base a esto, se solicita que se disponga la recategorización del Partido de Olavarría, a fin de que se eleven los topes de consumo para ingresar en categorías inferiores, asimilándose a regiones con características climatológicas similares.

Se recuerda que se encuentran incluidos como beneficiarios de la Tarifa Social, quienes reúnen los siguientes criterios:

* Ser jubilado o pensionado que perciba un monto menor o igual a dos veces el haber mínimo nacional.
* Personas con empleo en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vital y móvil.
* Ser titular de programas sociales.
* Estar inscripto en el régimen de Monotributo Social.
* Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico.
* Estar percibiendo el seguro de desempleo.
* Contar con certificado de discapacidad.

Marco legal

Dicha solicitud que se dirige concretamente al ministro de Energía y Minería de Nación, Juan José Aranguren, y al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) David Tezanos, lleva la firma del intendente Ezequiel Galli y de la directora de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales, Andrea Imbrogno.

Se basa en el artículo 42 de la Constitución Nacional: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

“Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

Como así también el artículo 38 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a su vez prescribe: “Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz. La Provincia proveerá…al establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos”.

En consecuencia y conforme a los artículos mencionados resulta una obligación constitucional de las autoridades nacionales proveer la tutela de los consumidores y usuarios correspondiendo al Municipio defender los intereres colectivos de la comunidad olavarriense.