En medio de incidentes, se aprobó la polémica Ley de Emergencia Administrativa de Vidal

La cuestionada inciativa del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal se aprobó en medio de un tenso clima. Afuera, se produjeron incidentes en el acceso al Palacio, sobre calle 7. Y adentro, hubo cruces entre los diputados que interrumpieron el debate

En medio de bronca, algunos incidentes y un rotundo rechazo sindical unitario, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó en las últimas horas la cuestionada Ley de Emergencia Administrativa que impulsó el Ejecutivo bonaerense de María Eugenia Vidal, atentando contra los trabajadores y contra la estabilidad laboral.

Adentro del recinto, distintos diputados de la oposición presentaron mociones de privilegio con la intención de estirar la discusión hasta que llegasen representantes de los gremios. El oficialismo, sin embargo, se negó a darles lugar en las gradas y Jorge Silvestre, presidente del bloque de Cambiemos, presentó una moción de orden para que se vote la ley sin discusión.

Conocida la decisión del cuerpo legislativo bonaerense, se produjeron algunos incidentes, cuando las agrupaciones sindicales expresaron su descontento e intentaron voltear las vallas que los separaban del recinto, que afortunadamente no pasó a mayores.

Afuera tenía lugar la histórica marcha acordada por los distintos gremios estatales, entre los que se encontraban ATE, SOEME, docentes (Suteba, FEB, Udocba, Federación Nacional docente, Sadop, Amet), los médicos afiliados a CICOP y a AMRA y la Federación Universitaria de La Plata.

Una Ley cuestionada

El cuestionado proyecto, que fuera aprobado hace dos semanas en el Senado, contó con la adhesión de los legisladores del massismo, de Cambiemos, del Frente Amplio Progresista y otros dos bloques.

Los gremios estatales bonaerenses vienen manifestando su rotundo rechazo a la Ley, que sentará las condiciones para que precaricen aún más las relaciones laborales de los trabajadores estatales.

La Ley establece que la modalidad de contratación, incluidos los convenios de colaboración con organismos de la Provincia o Nación, municipios o consorcios de gestión y desarrollo y cooperativas, no será necesario que “cuenten con el informe preliminar de Contaduría General, Asesoría del Gobierno y Fiscalía del Estado”. Dichas percepciones se realizarán una vez finalizado el convenio.

Los bloques opositores solicitaban cambios sustanciales a la ley y cuestionan varios de los artículos de la iniciativa. Entre los más criticados, aparece las facultades para hacer contrataciones directas millonarias y el art. 25, que establece que “la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación de dependencia”.

A eso le sigue un duro reproche al artículo 26, donde se consigna que “no resultarán aplicable” a los contratos de servicios regulados por esta normativa, “las previsiones contenidas en la Ley 10430”, de Régimen para el Personal de la Administración Pública. Puntos oscuros que el proyecto no aclara, sino que por el contrario profundiza en una división con las fuerzas gremiales, que parece muy difícil de acortar y de lograr acuerdos de acara al tratamiento de la ley en la Cámara baja.