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Reconociendo una realidad dura 

Reconociendo una realidad dura 

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Hace días nomás de la visita a Olavarría, en el marco de una presentación programada, de representantes de la “Comisión Provincial por la Memoria”.

Entre múltiples tareas asignadas, dicho organismo, reviste una función que bien podríamos cifrar basada en dos pilares: un costado humanista y otro técnico y estadístico. Coordinan ambas vertientes en un informe de carácter anual que fue, precisamente, expuesto en la “Facultad de Ciencias Sociales” local.

El material es lapidario. Da cuenta con precisión de detalles escabrosos que ocurren en cárceles y Comisarías del territorio bonaerense y ponen énfasis en la escalada de personas que son privadas de su libertad a la sazón de distintos tipos de delitos.

La verdad es irreductible y dolorosa: 41.729 detenidos, de julio de 2.016 al mismo período de este año, hacen temblar cualquier cifra anterior e incluso, exterior. Se ha alcanzado por lo tanto, un triste récord.

En la República Argentina tenemos 169 presos por cada 100 mil habitantes. En los límites bonaerenses el cúmulo trepa a 245 encarcelados por cada 100 mil personas. Como contraste, se proyecta que en el resto del mundo, se contabilizan 144 detenidos por cada 100 mil habitantes.

Las penurias carcelarias se siguen acumulando del derecho y del revés: hoy se inscribe una superpoblación del 73,5 % en las penitenciarías. Y se nota también otro aspecto tétrico: lo que sucede a menudo en las Comisarías. Por ejemplo, de 3.010 alojados en ellas, solamente 1.039 poseen una comodidad mínima, léase un camastro.

Para la Comisión citada anteriormente, el Estado no da las expresas garantías que se supone debiera en diversos aspectos. De allí se desprende entonces que 385 personas habrían fallecido estando bajo estricta custodia estatal.

De ese monto, 156 han muerto en cárceles. 12 han resultado muertos en Comisarías, 107 en neuropsiquiátricos, 1 menor en un Instituto Reformatorio, y 109 individuos fueron al parecer asesinados por las fuerzas de Seguridad.

Un capítulo potente lo plasma la cuestión de las torturas a detenidos. 16.403 es el número de ellas, sobre 3.054 víctimas.

Todos estos espejos observados nos transfieren imágenes patéticas y hostiles. Y subrayan un inconveniente jamás subsanado: el pretendido oficio de reinsertar socialmente al sujeto que cae en desgracia, es tan solo un anhelo cuasi romántico que en la praxis cotidiana, dista kilómetros de su faz exclusivamente teórica.

Encerrar a un pendenciero petulante, no acarrea la solución del problema social. Aunque el cuello de botella fue advertido y aceptado por los propios componentes del órgano elaborador del texto.

La consulta del millón es sencilla pero, hasta ahora, irresoluta, pues. Nadie le ha colocado sapiencialmente el cascabel al minino. ¿Qué hacemos con la tempestuosa circunstancia del sujeto adherido cual rémora al delito?

¿Acaso no lo castigamos? ¿U optamos por otra vía de “castigo”, ya que fundirlo tras las rejas, no conlleva mejoría al estado de salud del pueblo en general, y menos del preso en sí?

El cañonazo se oye nítido. El impulso inercial es levantarnos de la silla y ponernos a elucubrar o a construir fórmulas efectivas. ¿Pero cómo? Es lógico coincidir en la faceta preliminar. El señor Estado ha fracasado en sus laboriosos ejercicios para mantener la paz y el orden. La enormidad destructiva de la corrupción copa cualquier ámbito, descomponiendo tejidos y seres humanos sin pruritos ni objeciones morales que se antepongan a su despótico andar.

Si los presos conviven con roedores y chinches, si les dan colchones de estopa, caldo de cultivo de esas chinches, si los hunden en los “pozos” por negligentes conductas, si les “amarretean” los alimentos, si los coimean por visitas íntimas, y una catarata de postergaciones más, saltará a ojos vista de que no habrá jamás un canto proverbial de victoria de la recuperación de un preso, salvo excepciones muy puntuales que, de seguro, las hay.

Y, por último, señalemos que estos conocimientos se entregan justo en un contexto intempestivo, con robos y hurtos que se vienen sufriendo en equidistantes lugares olavarrienses.

La marea ha desbordado y por ende, vecinos autoconvocados en algún caso y fomentistas preocupados en otros, han abierto un canal intenso de diálogo con los efectores del orden, con la concepción de que así, no se puede continuar viviendo.

Barrios y localidades asediadas por los impíos. Y en el medio, un volumen de la “Comisión por la Memoria”, que nos contrasta una vez más, un período más.

Por Mario Delgado.-

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